Se conectan la corrosión de la legislación ambiental. Un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. La demanda global de Cobre. Los dólares del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. Las promesas de empleo y la resistencia mendocina para defender el agua.
El martes 9 de diciembre, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Minero San Jorge. Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, quedó habilitada la megaminería de cobre en Uspallata.
Una versión anterior del Proyecto San Jorge (PSJ) del 2011 fue rechazada gracias a la movilización social.
Antes de aprobar el DIA, la Cámara Baja de Mendoza creó el Fondo de Compensación Ambiental, que se financiará con dinero de las regalías. El dilema es claro: por un lado impulsan la megaminería, y por otro reconocen los posibles daños ecológicos.
Un día antes, la “Gesta Libertadora del Agua” partió en caravana desde distintas localidades de Mendoza hacia la legislatura en defensa del agua y el ambiente.
En estos momentos las asambleas por el agua y organizaciones sociales están movilizadas en las calles, denunciando los riesgos ambientales y la falta de consulta a comunidades locales.
La respuesta del gobernador Alfredo Cornejo hasta ahora es reprimir la protesta social.
En dialogo con Barda estudio, Marcelo Giraud, geógrafo y referente socioambiental de Mendoza brindó los detalles necesarios para comprender a fondo la situación:
Pero no siempre fue así…
No hace mucho en Mendoza existía una ley específica que defendía el agua frente a los riesgos de la minería metalífera.
La Ley Provincial 7722 sancionada en el año 2007 tenía como objetivo «garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico». Por eso prohibió el uso de sustancias químicas en la actividad minera, como mercurio, cianuro y ácido sulfúrico.
Pero en el 2019, la Legislatura de Mendoza planteó modificaciones al presentar la Ley 9209. Las protestas hicieron retroceder a la reforma.
En ese entonces el gobernador Rodolfo Suárez derogó la Ley 9209, frente a la presión del pueblo mendocino y restauraron la vieja Ley 7722. La defensa del agua en Mendoza es una lucha histórica.
Un cambio abrupto
La mina de cobre del Proyecto San Jorge (PSJ) tiene una vida útil de 16 años de operación, en una superficie de 47,587 hectáreas, donde se realizará el tajo o mina a cielo abierto, entre otras instalaciones, como escombreras, talleres, depósitos, planta de procesamiento y oficinas.
Según informes de la compañía sacarán 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con picos de 70.000 toneladas en el segundo año. Con el cobre también se llevan algo de oro, pero no detallan cuanto.
Los camiones de cobre refinado andarán por la Ruta Nacional 7 (RN7) que conecta con el Paso Internacional Cristo Redentor, hacia Chile. Sin embargo, los riesgos de derrame en la RN7 y las rutas interiores de montaña se desplaza con ellos.
Posiciones a favor destacan que la ubicación del Corredor Bioceánico potenciará la demanda de servicios, transporte y mano de obra para la provincia.
No es cualquier región: allí nace el agua
La alteración del ambiente cambiará el orden ecológico de la región. El proyecto minero está rodeado de Áreas Naturales Protegidas que preservan humedales, glaciares y biodiversidad:
- Reserva Natural de la Defensa Uspallata (Mendoza)
- Reserva Natural Villavicencio (Mendoza)
- Reserva de la Defensa Estancia Los Manantiales (San Juan)
- Parque Nacional El Leoncito (San Juan)
La descripción de impactos de la polémica Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Senado es clara respecto a las modificaciones en la geografía del lugar, la atmósfera y el agua, además del impacto en las condiciones sociales y económicas.
En relación las cuencas hídricas, la mina se abastecerá del único arroyo con agua superficial de la zona, el arroyo El Tigre, que corre a cuatro kilómetros del tajo o mina a cielo abierto.
El arroyo El Tigre tiene un caudal de descarga de 314 litros por segundo (l/s), de los cuales la minera desviaría a su planta 141 l/s. Dicen que consumirán un promedio de 218.000 m3 de agua del arroyo durante el primer año de construcción y 12.182,4 m3 por día para la etapa de operación.
Desde el CONICET denunciaron deficiencias en la evaluación de riesgos hídricos de la Declaración de Impacto Ambiental, arrojando mas dudas sobre la rigurosidad del proceso de adjudicación del yacimiento de Cobre a las empresas inversoras.
El DIA señala la reducción del caudal de agua superficial del arroyo de deshielo El Tigre y del caudal de agua subterránea de Yalguaraz. Todo durante 16 años.
Los riesgos ambientales que se denuncian se centran, entre otros, en la conexión hídrica entre el arroyo y el río Uspallata, afluente natural de la principal fuente de agua de la provincia: el río Mendoza.
Cualquier impacto sobre el arroyo El Tigre podría trasladarse y afectar la salud de la gente agua abajo.
Los inversores
El Proyecto San Jorge (PSJ) representa una inversión de 559 millones de dólares, contemplada en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), núcleo de la Ley Bases. Es el primero de este tipo en Mendoza.
La base exploratoria del denominado “PSJ COBRE MENDOCINO” se inició en la década de 1960. Luego de atravesar diferentes etapas de desarrollo, en el en 2024 la titularidad fue asumida en un 70% por Zonda Metals GmbH, filial local del grupo minero suizo Solway.
El 30% de las inversiones restantes son del Grupo Alberdi, propiedad Martín Rappallini, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Martín Rappallini
La influencia de Rappallini en la política minera nacional es cuestionable, en tanto que representa a un sector golpeado por las políticas económicas del actual Gobierno Nacional.
La caída interanual de la industria nacional fue del 6% según la propia UIA y el INDEC. En rubros como el automotriz y en la construcción se estima que la caída fue del 12%. Esto se traduce en miles de pymes cerradas y pérdidas de empleo.
Aunque estos números no impiden el desarrollo de negocios para Rappallini, congraciado por los beneficios del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Le megaminería y el RIGI
En Argentina ya son diez los proyectos aprobados bajo el RIGI en minería y energía. Pero existen unos 27 en carpeta según contó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González a Infobae.
Los beneficios que concede este régimen de inversiones motivó el interés del capital extranjero. Hablamos de:
- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25%.
- Eliminación de derechos de exportación.
- Posibilidad de computar el IVA durante la etapa previa al inicio de actividades.
- Opción de recurrir a arbitraje internacional en caso de disputas con el Estado.
El Gobierno Nacional busca ampliar un año mas la inscripción al RIGI, que ya consolidó inversiones por 25.000 millones de dólares. Lo evaluarán durante el verano, en conexión con el impulso a la reforma de la Ley de Glaciares, que será debatida en el Senado el 10 de febrero.
Nada está cerrado, como sintetizó González, el RIGI: «refleja el modelo económico al que aspiramos».
La Ley Bases se aprobó en junio de 2023 junto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Un mes antes, la Ley 24.196 de Inversiones Mineras (LIM) de 1993 cumplía treinta años de vigencia. Sigue siendo el marco vigente, adecuada al RIGI.
La LIM fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Los resultados: tres décadas de privilegios con regalías mínimas y pérdidas fiscales para las provincias y municipios.
En total 829 empresas recibieron beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros que marcaron el rumbo del sector.
El rumbo del sector marca una continuidad y adaptación desde los años 90 hasta ahora. Un consenso de los poderes de gobierno sobre el lugar de la minería en Argentina, pero no del pueblo.
¿Empleo?
Según la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera la minería representa el 0,6% del empleo privado registrado en Argentina y está en retroceso.
Los planteos mineros consideran que con la explotación de cobre habrá un incremento de los indicadores productivos y empleo.
También reconocen que el Estado es el mayor empleador de Uspallata y que proyectan la creación de «3900 puestos durante la construcción y 2400 en operación, de los cuales 800 serán directos y 1600 indirectos».
Muchas familias ven una gran oportunidad de trabajo, pero los modelos de desarrollo propician una discusión más compleja, con la sociedad y sus instituciones integradas en los procesos de consulta y decisión. No es lo que pasó en Mendoza.
¿O saqueo y contaminación?
La economía de Uspallata se basa en el comercio local y servicios ligados al tránsito con Chile y al turismo. También existe la producción de hortalizas y forestación de álamos. Todas utilizan el agua de las cuencas del río Uspallata y Mendoza.
Respecto al Proyecto San Jorge, la multinacional suiza Solway no genera confianza. Investigaciones revelaron antecedentes de contaminación en la extracción de Níquel en Guatemala.
La filtración de documentos internos demostraron que Solway ocultó información oficial. Sobornos y amenazas a periodistas refuerzan las denuncias, que culminaron con la suspensión de la mina por la justicia del país centroamericano.
Si bien el Fondo de Compensación Ambiental utilizará parte de las regalías para remediar daños ecológicos, será compleja su instrumentación en un contexto de ajuste fiscal y el desgaste de la legislación ambiental que fomentan políticos y empresarios.
Será un instrumento disputado que deberá apoyarse en la participación de la comunidad, universidades y movimientos ambientales para que tenga efecto real.
¿Y las regalías?
Mendoza recibirá un 3% de regalías por el valor bruto del mineral extraído en el yacimiento, antes del transporte, refinación, fundición y comercialización internacional en Chile.
En números, el precio que recibirá la provincia es el de «boca mina», entre un 30 y 40 por ciento menor al precio internacional, que ronda en los USD 9.000 a 12.500 por tonelada.
El dominio de Chile como mayor productor y exportador de Cobre del mundo puede provocar dependencia a su infraestructura y logística.
Si descontamos las exenciones impositivas del RIGI, quedarían entre USD 6 y7 millones anuales para Mendoza, muy por debajo del precio internacional. Esto significa que el grueso del valor del agregado quedará en Chile.
Resistencias
El Proyecto San Jorge es un paradigma de la economía extractiva en energía y minería que propone Milei.
Pero las leyes vienen de antes. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Organización Federal de Estados Mineros (OFEM) y el lobby extranjero han logrado domesticar al sistema político.
La manipulación de los mecanismos democráticos para aprobar y desechar leyes los pone en evidencia, a todos, empresas, políticos, gobiernos, dirigentes y medios de comunicación.
Mientras avanza este modelo de negocios, Mendoza demuestra que luchar es parte de la naturaleza del pueblo soberano, una expresión de rebeldía en la Argentina gobernada por sus dueños.
