Se conectan la corrosión de la legislación ambiental. Un nuevo RIGI. La demanda global de Cobre. Los dólares del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. Las promesas de empleo y la resistencia mendocina para defender el agua.
El martes 9 de diciembre, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Minero San Jorge. Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, quedó habilitada la megaminería de cobre en Uspallata.
Antes de aprobar el DIA, la Cámara Baja de Mendoza creó el Fondo de Compensación Ambiental, que se financiará con dinero de las regalías. El dilema es claro: por un lado impulsan el extractivismo metalífero y por otro reconocen los posibles daños ecológicos.
Un día antes, la “Gesta Libertadora del Agua” partió en caravana desde distintas localidades de Mendoza hacia la legislatura en defensa del agua y el ambiente. Una versión anterior del Proyecto San Jorge (PSJ) fue rechazado en 2011 tras un fuerte rechazo social.
En estos momentos las asambleas por el agua y organizaciones sociales están movilizadas en las calles, denunciando los riesgos ambientales y la falta de consulta a comunidades locales.
La respuesta del gobernador Alfredo Cornejo hasta ahora es reprimir la protesta social.
En dialogo con Barda estudio, Marcelo Giraud, geógrafo y referente socioambiental de Mendoza brindó los detalles necesarios para comprender a fondo la situación:
Pero no siempre fue así…
No hace mucho en Mendoza existía una ley específica que defendía el agua frente a los riesgos de la minería metalífera.
La Ley Provincial 7722 sancionada en el año 2007 tenía como objetivo «garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico».
Por eso prohibió el uso de sustancias químicas en la actividad minera, como mercurio, cianuro y ácido sulfúrico «en cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».
Pero en el 2019, la Legislatura de Mendoza planteó modificaciones al presentar la Ley 9209. Las protestas masivas hicieron retroceder a los legisladores, que finalmente derogaron esta ley que habilitaba el uso de sustancias químicas altamente riesgosas.
En ese entonces el gobernador Rodolfo Suárez derogó la Ley 9209, frente a la presión del pueblo mendocino y restauraron la vieja Ley 7722. La defensa del agua en Mendoza es una lucha histórica.
Un cambio abrupto
La mina de cobre del Proyecto San Jorge (PSJ) tiene una vida útil de 16 años de operación, en una superficie de 47,587 hectáreas, donde se realizará el tajo o mina a cielo abierto, escombreras, talleres de mantenimiento y almacenes de materiales, playas de combustibles, una planta de procesamiento y depósito, laboratorio, campamento y oficinas administrativas.
Según informes de la compañía sacarán 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con picos de 70.000 toneladas en el segundo año. Con el cobre también se llevan algo de oro, pero no detallan cuanto. Los camiones de cobre refinado usarán la Ruta Nacional 7 (RN7) que conecta con el Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile.
Posiciones a favor destacan que la ubicación estratégica del Corredor Bioceánico potenciará la demanda de servicios, transporte y mano de obra para la provincia. Sin embargo, también aumentan los riesgos de derrame en rutas provinciales interiores y en la RN7.
No es cualquier región: allí nace el agua
La alteración del ambiente cambiará el orden territorial y económico de la región, en parte porque el proyecto minero está rodeado de Áreas Naturales Protegidas que preservan humedales, glaciares y biodiversidad:
- Reserva Natural de la Defensa Uspallata
- Reserva Natural Villavicencio (Mendoza)
- Reserva de la Defensa Estancia Los Manantiales (San Juan)
- Parque Nacional El Leoncito (San Juan)
La descripción de impactos de la polémica Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Senado es clara respecto a las modificaciones en la geomorfología del lugar, las cuencas hídricas, la atmósfera y los procesos ecológicos.
En relación al agua, la mina se abastecerá del único arroyo con agua superficial de la zona, el arroyo El Tigre, que corre a 4 kilómetros del tajo o mina a cielo abierto.
El arroyo El Tigre tiene un caudal de descarga de 314 litros por segundo (l/s), de los cuales la minera desviará 141 l/s. Así, consumirá un promedio de 218.000 m3 de agua del arroyo durante el primer año de construcción y 12.182,4 m3/día para la etapa de operación.
El DIA señala la reducción del caudal de agua superficial del arroyo El Tigre y del caudal de agua subterránea de Yalguaraz. Todo durante 16 años.
Desde el CONICET ya denunciaron deficiencias técnicas en la evaluación de riesgos hídricos de la Declaración de Impacto Ambiental. Sostienen que los riesgos ambientales se dan por la conexión hídrica entre el arroyo y el río Uspallata, afluente natural de la principal fuente de agua de la provincia: el río Mendoza.
Cualquier impacto sobre el arroyo El Tigre podría trasladarse y afectar la salud de las poblaciones agua abajo.
Los inversores
El Proyecto San Jorge (PSJ) representa una inversión total estimada en 559 millones de dólares en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el primero de Mendoza.
La base exploratoria del proyecto “PSJ COBRE MENDOCINO” se inició en la década de 1960. Luego de atravesar diferentes etapas de desarrollo, en el en 2024 la titularidad fue asumida en un 70% por Zonda Metals GmbH, filial local del grupo minero suizo Solway.
El 30% de las inversiones restantes son del Grupo Alberdi, propiedad Martín Rappallini, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Martín Rappallini
La influencia de Rappallini en la política minera nacional es cuestionable, en tanto que representa a un sector golpeado por las políticas económicas del actual Gobierno Nacional.
La caída interanual de la industria nacional fue del 6% según la propia UIA y el INDEC. En rubros como el automotriz y en la construcción se estima que la caída fue del 12%. Esto se traduce en miles de pymes cerradas y pérdidas de empleo.
Aunque parece no pesarle a Rappallini, congraciado por los beneficios del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Le megaminería y el RIGI
En Argentina ya son diez los proyectos aprobados bajo el RIGI en minería y energía. Pero existen unos 27 en carpeta según contó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González a Infobae.
Los beneficios que concede este régimen de inversiones motivaron la atención del capital extranjero. Hablamos de:
- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25%.
- Eliminación de derechos de exportación.
- Posibilidad de computar el IVA durante la etapa previa al inicio de actividades.
- Opción de recurrir a arbitraje internacional en caso de disputas con el Estado.
El Gobierno Nacional busca ampliar un año mas la inscripción al RIGI, que ya consolidó inversiones por 25.000 millones de dólares. Lo evaluarán durante el verano, en conexión con el impulso a la reforma de la Ley de Glaciares, que será debatida en el Senado el 10 de febrero.
Nada está cerrado, como agregó González, el RIGI: «refleja el modelo económico al que aspiramos».
La Ley Bases se aprobó en junio de 2023 junto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Un mes antes, la Ley 24.196 de Inversiones Mineras (LIM) de 1993 cumplía treinta años de vigencia.
Sin embargo, no se derogó y sigue siendo el marco vigente, adecuada al RIGI en inversiones que superen los 250 millones de dólares. La LIM fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Los resultados: tres décadas de privilegios con regalías mínimas y grandes pérdidas fiscales para las provincias y municipios, a partir de la liberación de tributos y otros beneficios cambiarios y aduaneros.
En total 829 empresas recibieron concesiones con beneficios fiscales y aduaneros que marcaron el rumbo del sector. Por lo tanto, los regímenes de promoción minera no generaron desarrollo económico en Argentina.
¿Empleo?
Según la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera la minería representa el 0,6% del empleo privado registrado en Argentina y está en retroceso.
Los planteos mineros consideran que con la explotación de cobre habrá un incremento de los indicadores productivos y empleo.
También reconocen que el Estado es el mayor empleador de Uspallata y que proyectan la creación de «3900 puestos durante la construcción y 2400 en operación, de los cuales 800 serán directos y 1600 indirectos».
Muchas familias ven una gran oportunidad de trabajo, pero los modelos de desarrollo, sus beneficios y consecuencias propician una discusión más compleja, con la sociedad integrada en los procesos de consulta y decisión. No es lo que pasa en Mendoza.
¿O saqueo y contaminación?
La economía de Uspallata se basa en el comercio local y servicios ligados al tránsito con Chile y el turismo. También se destaca la producción de hortalizas y forestación de álamos. Todas utilizan el agua de las napas subterráneas y las cuencas del río Uspallata y Mendoza.
Respecto al Proyecto San Jorge, la multinacional suiza Solway no genera confianza. Investigaciones revelaron antecedentes de contaminación en la extracción de Níquel en Guatemala.
La filtración de documentos internos demostraron que ocultaron de información oficial. Sobornos y amenazas a periodistas refuerzan las denuncias, que culminaron con la suspensión de la mina por la justicia del país centroamericano.
Si bien el Fondo de Compensación Ambiental utilizará un 15 por ciento de las regalías para remediar daños ecológicos, es todavía más complicado que su implementación sea efectiva, en un contexto de ajuste fiscal, desgaste institucional y tensión social.
¿Y las regalías? Mendoza recibirá un 3% de regalías por el valor bruto del mineral extraído en el yacimiento, antes del transporte, refinación, fundición y comercialización internacional en Chile.
La dependencia con la logística chilena se da por su dominio en la infraestructura y logística para la extracción cuprífera, siendo el mayor productor del mundo.
En números, el precio que recibirá la provincia es el de «boca mina», entre un 30 y 40 por ciento menor al precio internacional, que ronda en los USD 9.000 a 12.500 por tonelada.
Si descontamos las exenciones impositivas del RIGI, quedarían entre USD 6 y7 millones anuales para Mendoza, muy por debajo del precio internacional. Esto significa que el grueso del valor del agregado quedará en Chile.
Resistencias
El Proyecto San Jorge es el primero de Mendoza en adecuarse al RIGI. También es paradigma de la economía extractiva en energía y minería que propone ahora Milei, y desde mucho antes, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y las provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEM).
Mientras avanza este escenario de negocios, sacrificando territorios y soberanía, Mendoza demuestra que la lucha social constituye la naturaleza del pueblo argentino. Una muestra de las resistencias en la Argentina gobernada por sus dueños.
