Las reformas neoliberales llegaron al agua, el bien común más importante para la vida. Una ola de decretos apuntan a la eliminación gradual de las empresas públicas que gestionan el agua. La desposesión se da en varios sentidos y encubre negocios que involucran a Neuquén y Río Negro con la privatización de las Represas del Comahue.
Una doble privatización de las Represas del Comahue
El jueves 7 de agosto el Gobierno Nacional habilitó la transferencia definitiva de las acciones de las Represas del Comahue hacía la Secretaría de Energía. De esta forma, el paquete accionario que era controlado por las empresas estatales ENARSA (Energía Argentina S.A) y NASA (Nucleoeléctrica S.A) está listo para su venta.
El decreto 564/2025 establece una doble privatización. Por un lado se concesionará a empresas privadas la operación técnica de las represas, la generación de energía eléctrica, su comercialización y la regulación de los caudales, como sucede desde hace 30 años. Y por otro lado, el control societario también será ofrecido en un concurso público nacional e internacional sin un precio mínimo de venta puesto por el Estado. Esta doble desposesión afecta al derecho de explotación del agua del Limay y Neuquén, y también a la soberanía jurídica que mantenía la titularidad de los activos en el Estado.
El decreto establece que las concesionarias con contratos vencidos, Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto seguirán operando las represas si firman una Carta de Adhesión, con tiempo límite de cinco días desde la publicación en el boletín oficial. Si no remiten la carta continuaran operando durante 90 días hábiles. Si firman lo harían hasta que se definan los nuevos adjudicatarios.
En cuanto a las y los trabajadores de las centrales, desde Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia vienen expresando su preocupación sobre el futuro de las fuentes laborales actuales. Desde otro espacio gremial, Antonio D’ Angello, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Río Negro y Neuquén manifestó en diálogo con Canal 10 que:
«hasta fin de año siguen con la misma normalidad en el trabajo. Ahora hay que volver a trabajar nuevamente, es decir, para que en el (nuevo) pliego esté establecido con que convenio y que modalidad pasan a los nuevos oferentes. Nosotros queremos que se siga manteniendo el convenido colectivo de trabajo, la libertad de trabajo, como se viene haciendo y acompañar a las dos provincias para que realmente puedan sacar redito de esto y que tener su participación en las centrales».
El rol subordinado de las provincias
Las provincias de Río Negro y Neuquén, dueñas del recurso según el artículo 124 de la Constitución Nacional pasaron de manifestaron su pesar, por quedar excluidas del pliego licitatorio, en el cual solo podrán participar como veedores, a celebrar en un comunicado en conjunto publicado recientemente donde exponen con ánimos los últimos acuerdos:
“Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”.
Entre los principales logros que los gobiernos destacan del último acuerdo:
- «Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos».
- «Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias».
- «Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (a.- potencia disponibilidad real, b.- potencia base en horas de requerimiento, c.- energía operada y d.- regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios)».
- «Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas».
- Reconocimiento de la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir al financiamiento de la misma».
- «Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento».
- «Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias».
- «Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009)» (fuente: Secretaría de Prensa del Gobierno de Neuquén)».
Pero desde otras voces pueden oírse críticas a la negociación, el ingeniero Jorge Pistagnesi, referente técnico del Foro por Nuestros Ríos y Represas y especialista en energía hidroeléctrica nos hizo llegar su opinión:
Lejos de una crítica por despecho, como suelen considerarse a ciertas objeciones hacia el Estado, en su razonamiento puede llegarnos el anhelo por mejores condiciones para el aprovechamiento de las cuencas del Limay y Neuquén en ambas provincias, ríos que recorren en total unos 1000 kilómetros y que le dieron a esta región su potencial energético y la vitalidad única del agua cordillerana.
Los riesgos en la seguridad hidrológica de la región
Otra preocupación es la desarticulación del ORSEP, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, muy rechazada en la región por ser la encargada controlar la seguridad de las represas de Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Si bien no se decretó el cierre total de este organismo descentralizado, sí pasó a formar de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ejecutivo.
Esta situación despertó una fuerte reacción del Foro por Nuestros Ríos y Represas, el Comité Argentino de Presas (CAP) y otros sectores. Apenas se dio a conocer el decreto el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry dijo que «puede generar perjuicios catastróficos incalculables». Este no es un debate nuevo, existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2009 que obliga al Estado Nacional a garantizar la seguridad de las represas del complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén.
Las centrales hidroeléctricas además de generar energía y millones de dólares en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), también regulan los caudales y protegen a las poblaciones rivereñas de las crecidas y precipitaciones, que sin los diques de contención serían incontrolables. Ese fue el objetivo original de las represas desde que su construcción en los años 60´, hasta que se puso en marcha la primera usina de El Chocón en 1973: «regular caudales y favorecer el riego de zonas aledañas».
Un informe técnico del Foro expresa que «se preveía llegar a regar 231.000 hectáreas en 1973, 367.000 en 1983 y 650.000 en el año 2000». Al día de hoy no se regó una sola hectárea. Cuando se creó Hidronor S.A en el año 1967, quedó excluida la financiación de las obras de riego por decisión del Banco Mundial. Esto marcó el inicio de un modelo donde «de la prioridad del control de los caudales para regular crecidas y favorecer el riego, se pasó a priorizar el negocio eléctrico» indican. Hidronor llegó a generar más del 40% de la electricidad del país.
El ingeniero Pistagnanesi expresó que “una catástrofe sobre el valle causaría pérdidas de alrededor de 25 mil millones de dólares y miles de muertes”. El efecto devastador nos dejaría sin Vaca Muerta y sin servicios públicos desde Senillosa a Neuquén capital. El desastre se amplificaría si ocurriese alguna crecida excepcional que los diques no puedan contener en el río Neuquén. El Alto Valle de Río Negro también podría ser afectado por el arrastre de material residual, como troncos de chacras y materiales de distinto tipo arrastrados por el río Negro.
Entre algunos aspectos centrales del pliego, con fecha el 31 de diciembre, se incluirán una serie de condiciones precautorias para el pasaje ordenado de las concesiones según supo informar Mejor Energía. Las encargadas de elaborar estas obligaciones son las Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).
Una vuelta por los años 90
Otra noticia reciente apunta a la empresa que distribuye el agua potable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, hablamos de Agua y Saneamientos Argentina o Aysa S.A.
Fue creada con la estatización de Aguas Argentinas, la compañía del grupo económico francés, Suez, que obtuvo la concesión durante el menemismo. En el año 2006, Néstor Kirchner le rescindió el contrato por falta de inversión y otros problemas en la provisión del servicio público.
AySA fue intervenida para permitir la venta del 90% de sus acciones y habilitar el corte del servicio por falta de pago. El concurso se daría a fin de año y entre las aspirantes a quedarse con la licitación estaría Mekorot. La empresa estatal de Israel enseguida respondió en los medios, a través de su coordinador de proyectos especiales, Diego Berger…Diego Berger, quien brindó una entrevista en Radio Jail.
Allí dijo que “el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”. Una inusual aclaración que expone a Milei en su apuro adolescente, pero claro está que él y Berger harían todo a su alcance para posibilitar ese negocio. Mekorot es conocida por su estricta política de confidencialidad sobre los convenios que suscribe, como lo hizo con diez provincias argentinas.
Ligados a estos intereses económicos están Daniel Sielecki, un pez gordo del sector farmacéutico, y muy vinculado a las esferas de poder israelí, y también Mauricio Filiberti, el “Rey del Cloro”, cercano a AySA al proveerle cloro mediante el grupo Transclor. En todo caso, el lobby para convertir a Mekorot en socio técnico de la próxima concesionaria parece tener consenso absoluto. Así lo confirmó Berger en la entrevista.
«¡Qué banquete de desperdicios!»
La incidencia de Mekorot cobró relevancia en Argentina luego de un viaje de carácter técnico al Estado de Israel, que realizaron gobernadores en abril del 2022,junta el ex ministro del Interior, Wado de Pedro, funcionarios de la Embajada de Israel y el Consejo Federal de Inversiones, los artífices de la expansión de la empresa.
Luego de aquel viaje, Mekorot firmó contratos de asesoramiento técnico con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en diez provincias argentinas, más de la mitad de nuestra superficie continental.
En Río Negro y Neuquén los convenios con la empresa, denunciada por apartheid hídrico contra el pueblo palestino, considera el diseño de plan maestros para el manejo del agua y su saneamiento. Así mismo contempla la puesta en marcha de plantas desalinizadoras.
Las clausulas confidenciales del contrato detallan el traspaso de funciones soberanas sumamente delicadas a la empresa Mekorot, como es la concesión de la propiedad intelectual de la información que releven sobre el agua, esto incluye a los estudios hidrológicos de los acuíferos. Según averiguaciones de Tiempo Argentino, una de las cláusulas más polémicas prevé que, en caso controversias no solucionadas entre el cliente y contratante, estas se resolverán bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y las leyes de Inglaterra.
En Río Negro el convenio con Mekorot y el CFI fue firmado en febrero del 2023 por la ex gobernadora Arabella Carreras. Las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito la denunciaron por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad». La misma fue desestimada por la fiscalía en mayo de este año, aludiendo que “no se trata de un acuerdo internacional, sino de un convenio de consultoría técnica que no necesita de la consulta popular ni de la intervención legislativa”.
Los primeros decretos privatistas
Todo este proceso inició con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) en el 2024, un organismo que construía plantas de tratamiento de residuos cloacales y redes de agua potable en todo el país. Además era clave para los municipios a nivel federal, al brindarles asistencia financiera y técnica.
Las obras del ENOHSA alcanzaron un total de 2.402 obras, con 491 terminadas y 749 en estado de ejecución, que llegaron a 2,5 millones personas beneficiadas según el informe de Gestión Institucional del organismo del 2023. Sus funciones pasaron a la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
En el caso del Instituto Nacional del Agua (INA), la primera intención era cerrarlo, pero finalmente quedó en el listado de organismos que no pueden disolverse según la Ley Bases. El desguace llegó con el ajuste de su presupuesto, despidos a profesionales y el paso de sus tareas a la Secretaría de Obras Públicas.
El INA es un organismo de base científica que tiene más de cincuenta años de trayectoria en brindar pronósticos y alertas de inundaciones y sequías, análisis de agua en todo el territorio argentino. Así mismo participaba en la planificación de grandes obras hidráulicas.
La venta de las empresas públicas y el cierre de los organismos mencionados presentan un panorama de despojo que afecta al desarrollo regional y desprotege el derecho humano al agua, protegido por normas internacionales y el artículo 41 de la Constitución Nacional. Privatizar los servicios públicos no es un solo un deja vú de los noventa, en un país que fue pionero en garantizar grandes redes de agua potable y saneamiento cloacal en Sudamérica, el abandono de estas políticas es otro golpe de knockout a la soberanía hídrica y energética.
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