Las Represas del Comahue, claves en la provisión de electricidad y en la seguridad hidrológica de la región volverán a ser privatizadas. En diciembre del 2023 vencieron las concesiones a las empresas que administran la generación de energía hidroeléctrica en las cuencas del río Neuquén y Limay. Hace 30 años, cuando la S.A de mayoría estatal Hidronor fue vendida en 1993 comenzó un modelo de negocios negativo para la soberanía energética apuntan desde el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas.
Concesiones libertarias
El Gobierno Nacional ya tiene listo el plan licitatorio del gigante hidroeléctrico conformado por las represas de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito sobre el río Limay, y Planicie Banderita sobre la cuenca del río Neuquén. Estas cinco centrales generan entre el 10 y el 13 por ciento de la electricidad que se consume en el país y producen nada menos que el 25 por ciento de la energía hidroeléctrica.
Las provincias amparadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que declara a los recursos naturales como dominio originario de sus territorios, en este caso el agua, vienen reclamando participar del paquete accionario de las represas. Sin embargo el Estado Nacional licitará el 100 por ciento de las acciones de las centrales a los privados, sin dejar lugar para el Estado en el negocio hidroeléctrico.
La Ley Bases habilita esta política, ya que ENARSA (Energía Argentina S.A.), creada en 2004 y con distintas inversiones en el sector energético, y también NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) serán privatizadas. Estas empresas de mayoría estatal obtuvieron la titularidad transitoria de las acciones de las operarias privadas, pero solo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
A su vez, previo al proceso de privatización, esas acciones pasarán a la Secretaría de Energía de concretarse la venta del paquete accionario, mediante un concurso público nacional e internacional. Para el gobierno nacional, la venta de estas acciones servirían para sumar dólares a las reservas del Banco Central (BCRA), en crisis permanente.
De hecho, el ministro de Economía Luis Caputo vislumbró en «Carajo», el canal de streaming del Gordo Dan, que podrían ingresar al Tesoro entre 400 y 700 millones de dólares por la licitación de las represas. Mucha guita para que pase de largo pensarán.
De todas formas las empresas que obtuvieron las concesiones en 1993, y que vencieron hace dos años, continúan operando las centrales gracias a las prórrogas por 100 días de los contratos que ejecutó el gobierno de Alberto Fernández en su último año de mandato, muy cerca de las elecciones que le dieron el triunfo (y el negocio) a Milei.
Desde la Casa Rosada y organismos como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) buscaban garantizar una «transición ordenada» del servicio que llega hasta Buenos Aires y el Litoral argentino.
En Alicurá, al sur del río Limay opera la empresa AES Argentina, una filial local de AES Corporation, multinacional estadounidense. En Piedra del Águila opera Central Puerto, del Grupo Sadera, que tiene al empresario Eduardo José Escasany y a Nicolás Caputo, el primo del ministro, como sus grandes figuras.
En las represas de El Chocón y Arroyito, los capitales son de la multinacional energética Enel Generación, empresa italiana que se encuentra en un proceso de desinversión en el país. Y finalmente, en Planicie Banderita, sobre el río Neuquén tenemos a Aconcagua Energía Generación S.A. Todas estarían en condiciones de participar del concurso público.
Las otras empresas que manifestaron su interés son: YPF luz, Pampa Energía, Genneia, MSU Energía, la multinacional francesa TotalEnergíes y fondos internacionales, como el Banco de China (cosa que siempre preocupa a Estados Unidos). Se espera que Nación publique los pliegos licitatorios en agosto, pero se sigue estirando, y cuando esto pasa es porque detrás del escritorio hay secretismos o papeles sin firmar.
Negocios con el agua
Tras más casi dos años de negociaciones, Luis Caputo y la secretaría de Energía ocupada por la libertaria María Carmen Tettamanti solo concedieron un veedor a cada provincia, para que observen el proceso de adjudicación de las Represas del Comahue. Esto no dejó muy contentos al Rolo y al “Brujo”, pero en los últimos días y horas, llegaron a un acuerdo.
Finalmente se cumplió con el pedido de un canon del 1 por ciento por el uso del agua para la generación hidroeléctrica en ambas provincias, que ya cuentan con leyes aprobadas en sus legislaturas, cartas que jugaron para negociar. Seguirán cobrando regalías, que están en el 12 por ciento del valor de la energía vendida.
Una disparada del precio del servicio eléctrico podría dificultar la campaña del gobierno para el 2027, por eso fijaron una serie de condiciones a las adjudicatarias. Durante los primeros dos años de concesión deberán destinar el 95 por ciento de la energía a satisfacer la demanda domiciliaria, que tendría un precio diferencial regulado por la Secretaría de Energía, calculado en unos 15 dólares por MW/h.
El 5 por ciento restante podrá ser vendido de forma libre en el Mercado a Término (MAT), cuota que podría subir cada cierto tiempo, según supo revelar Econojournal. Pero esto es solo letra jurídica, para que se cumplan estas condiciones debe pasar mucha agua por las turbinas.
En cuanto a las ganancias de las empresas que operaron las centrales durante 30 años, los ingresos brutos estimados están entre los 216 y 288 millones de dólares. Aunque los cálculos deben tener en cuenta los costos de operación y mantenimiento de las represas, el monto por regalías hidroeléctricas, y a partir de este año el canon del 1 por ciento que quedará para nuestras provincias.
A primera vista las regulaciones públicas parecen inocular las ganancias de las compañías, pero lo cierto es que los costos de mantenimiento son bajos en comparación con otras industrias energéticas que requieren el uso de combustibles. La ganancia neta de las empresas oscilaron entre los 77 y 123 millones anuales, según fuentes especializadas en el tema.
Otra de las situaciones dadas al finalizar las concesiones son una serie de demandas económicas al Estado nacional. Estos reclamos de las empresas cuyos paquetes accionarios pertenecen en gran medida a multinacionales fueron elevados a CIADI, un organismo del Banco Mundial que funciona como tribunal internacional para dirimir disputas entre Estados y empresas extranjeras.
Las ex concesionarias reclaman incumplimientos de los contratos. Denuncian que tuvieron que enfrentar grandes costos económicos por el congelamiento de tarifas y la pesificación de los contratos, cuando en el 2002 Eduardo Duhalde derogó la Ley de Convertibilidad. Uno de los juicios más importantes en el CIADI fue el que AES Corporation le ganó al Estado argentino por 715,9 millones de dólares, hace muy poco, el 31 de mayo. Mientras que el mismo tribunal falló en contra, en un juicio similar iniciado por Orazul Energy en el 2023.
Estos conflictos traspasan a la industria hidroeléctrica y se han tornado en un grave problema para la soberanía financiera y energética de Argentina. Ejemplo mayor es el fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York, que ordena a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, nacionalizada en 2012. Hoy somos el país con mayor cantidad de juicios abiertos con multinacionales y fondos de inversión en el mundo.
“Se ha negociado mal, muy mal”
El ingeniero Jorge Pistagnesi integra el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas, una organización de Neuquén y Río Negro que surgió en oposición a las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. El foro está conformado por profesionales vinculados a las universidades públicas y otras instituciones que vienen realizando caravanas y charlas abiertas para exponer la situación.
Desde el foro también realizaron pedidos de informes a los gobiernos provinciales para conocer los detalles de los acuerdos que sellaron el acuerdo con Milei y Caputo. Al respecto Pistagnesi dice que “se ha negociado mal, muy mal”:
– Diría que ha sido un pésimo negocio para la región y para el país. La negociación se ha hecho de espaldas a los pueblos, ignorando las voces de la gente, de los expertos, de los ingenieros, y de la población en general, el tema amerita por lo menos una audiencia pública. Eso es un indicio muy fuerte de complicidad en el delito de validación del despojo. La responsabilidad les cabe al gobernador de Río Negro A. Weretilneck y al Gobernador de Neuquén Rolando Figueroa por igual, como a sus respectivos ministros.
Esta negociación es la oportunidad de tomar un protagonismo de político importante, para definir la proyección nacional de sus liderazgos, patear el tablero y obligar al gobierno central a negociar bajo términos ampliamente favorables al desarrollo regional, obtener una participación accionaria importante , hacerse con el control, operación y utilidades, lo que les permitiría en breve convertir al Comahue en un centro de generación eléctrica, donde se agrupan empresas, startups, inversores y otros actores relevantes para facilitar el desarrollo de negocios, compartir recursos y fomentar la colaboración entre los diferentes actores regionales, aprovechando las capacidades adquiridas con la actividad hidrocarburifera.
Construir las centrales que faltan sobre el río Neuquén, sobre el Collón Cura y otros menores, construir centrales geotérmicas, solares, eólicas y nucleares, ya que se tendría la capacidad técnica y financiera para ello. En su lugar negocian por un miserable canon de 1% del agua turbinada para generar energía y unas regalías que no alcanzan para nada.
Las centrales tienen una potencia eléctrica aproximada de 4500 MW, que pueden producir hasta 14.800.000 MW-h, que a un precio de USD 30 /MW-h producirían aproximadamente 445 millones de USD/Año, cifra más que suficiente para garantizar el futuro de toda la región; en cambio se opta por el 1% de esa cifra: 4,43 millones de USD, lo cual resulta a todas luces un insulto a la inteligencia de todos los habitantes de ambas provincias. Espero que ambos mandatarios tomen conciencia del pésimo negocio que están haciendo.
El Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas también busca promover consensos políticos para el control estatal del recurso estratégico. Realizaron propuestas de gestión sostenible y estudios técnicos que alertan sobre el deterioro de las represas y la vulneración de la soberanía energética. El ingeniero Jorge Pistagnesi da a conocer su mirada sobre el tema:
– En principio, entendiendo que la soberanía nacional como concepto, se refiere al poder supremo e independiente de un pueblo para tomar decisiones sobre su propio destino. En este caso particular, las represas del Comahue fueron construidas con dinero de los argentinos, con ingeniería argentina, con materiales argentinos, con tecnología completamente nacional, pero resulta que se niega a los argentinos la operación y usufructo de las mismas. Otorgándole a empresas extranjeras esa función y beneficio. Eso es una vulneración a la soberanía.
Treinta años de concesión de operación de las represas no han traído beneficio alguno a la región. Las inversiones que debían hacer, no se hicieron. Y las represas que faltan para controlar el cauce del río Neuquén tampoco, fundamentalmente por falta de financiamiento y de capacidad técnica.
Cuando HIDRONOR SA administraba las centrales, facturaba alrededor de 530 millones de USD al año, y tenía un cuerpo técnico y de ingeniería de primer nivel que le permitía diseñar y construir cualquier tipo de central hidroeléctrica. Tenía la capacidad técnica y además la capacidad económica y financiera para solventar la construcción de nuevas centrales y hacer crecer el negocio hidroeléctrico, invirtiendo en las mejoras que hicieran falta.
La privatización de las concesiones privó al país de ese crecimiento, apoyado y sostenido por el tamaño de la compañía y de su capacidad tecnológica, que además impulsaba la formación y crecimiento de nuevas empresas (Spin Off) relacionadas al servicio eléctrico (fábricas de torres de transmisión, de transformadores, de cables eléctricos, de torres de media tensión, de aisladores, de sistemas de control, de distribución, etc.).
Es decir, el esquema de privatizaciones fragmentadas solo ha atentado contra las posibilidades de desarrollo nacional, cerrando el camino a cientos de jóvenes profesionales y técnicos de la región, y por lo tanto constituye un acto de traición a la patria, aunque se lo disfrace de legalidad.
El modelo de negocios es muy bueno para las empresas y muy malo para el país, desarrollado de espaldas a la población. Ponen muy poquito dinero y explotan un bien que vale miles de millones, con un costo bajísimo, cosechando utilidades muy buenas durante decenios. Al final de la vida útil de las centrales, solo tienen que devolverlas al Estado nacional, es decir al pueblo, quien deberá afrontar a su costo las inversiones para rehacerlas.
La nueva privatización de las centrales hidroeléctricas avanza bajo el esquema macroeconómico libertario, pero aun cuando el oficialismo señale que las regulaciones del Estado solo generan problemas económicos, de fondo el pragmatismo gobierna ciertas decisiones ejecutivas, algo que también manejan los gobiernos de Neuquén y Río Negro en su capacidad de adaptación a cualquier costo.
Como en los años noventa, lo público se privatiza y lo privado se extranjeriza. Este es un efecto residual de arrastre, la diferencia ahora está en las tres décadas que pasaron y en los resultados a la vista que describe el ingeniero Pistagnesi. Otra vena abierta de este modelo es el desguace de los sistemas de control, que ponen en verdadero riesgo la seguridad hidrológica de la región.
