En el Alto Valle, la reforma laboral reduce costos para la producción y derechos laborales para el trabajador rural. Pero en el fondo, lo que está en juego es la supervivencia de una economía regional en crisis.
La historia
Los «Martires de Chicago» fueron asesinados en 1886 por reclamar la jornada de 8 horas en los talleres industriales de Estados Unidos. Mientras, Argentina construía un perfil agroexportador que formó una gran masa de trabajadores rurales, también explotados y sin derechos.
A principios del siglo XX el capital británico dominaba el ferrocarril y el transporte de los alimentos. Pero en el Alto Valle la producción de frutas quedó en manos de pequeñas explotaciones de 5 a 10 hectáreas.
Las luchas obreras y la organización sindical fueron conquistando derechos, en tanto que el peronismo favoreció la pequeña propiedad privada. A mediados del siglo pasado, el modelo producivo era próspero y orientado al comercio interno.
En los años 70, la llegada de capitales extranjeros impactó en la pequeña producción. Los capitales nacionales se integraron a las cadenas globales de la industria alimentaria, controlando la exportación y la distribución, hasta incluir a la producción.
Esto mejoró la competitividad y la incorporación de tecnología, pero desbalanceó la distribución del ingreso y el control de la producción en perjucio de la familia productora.
El modelo neoliberal favoreció la concentración y la extranjerización durante la última dictadura y mucho más en los años 90´.
Las crisis estructural en la producción se vincula a esos primeros procesos históricos y económicos. Otros fenómenos actuales, como la inflación, la urbanización de zonas rurales y la expansión de Vaca Muerta también condicionan la estabilidad de la fruticultura tradicional.
Aún así, continúa empleando a mas de 40.000 trabajadores rurales directos cada año según fuentes de INTA.
La reforma
Quienes vivimos en el valle sabemos que las casas levantadas al margen de las chacras muestran que, mientras unos heredan tierras, otros solo la trabajan, generación tras generación.
Sin embargo, la vida del productor y el trabajador están conectadas, conviven de forma hasta familiar en el paisaje rural. Historias hay muchas, de arraigo, de amor, y por supuesto, de explotación.
Con la Reforma Laboral, las miradas entre productores y sindicatos de trabajadores rurales son contrapuestas.
Una vez aprobada y promulgada el 6 de marzo, la Ley de Modernización Laboral 27.802 se encuentra judicializada, lo que remarca el antagonismo entre ambos intereses.
El 30 de marzo la CGT presentó una medida cautelar que fue aceptada por un juzgado laboral, pero la suspensión de 82 artículos no duró demasiado.
El Poder Ejecutivo apeló el fallo y la Cámara Nacional del Trabajo reactivó la reforma, ahora vigente.
Otro amparo fue radicado el 14 de abril en la Justicia Federal en General Roca, presentada por la CGT delegación Alto Valle. La acción busca declarar su inconstitucionalidad por violar los principios de progresividad de derechos laborales.
Pero por más dilemas sobre su aplicación efectiva, la producción de los valles no frenó en época de temporada de cosecha para los trabajadores rurales.
Las históricas tensiones entre el capital y el trabajo en la economía frutícola se expresan en un sector en crisis ¿Cuáles son las expectativas del sector productivo? ¿y de las organizaciones de trabajadores?
Los trabajadores
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) desde un principio rechazó la modificación de la Ley 26.727 de Trabajo Agrario que implica la reforma laboral.
Se eliminan las obligaciones laborales y de seguridad social del propietario o arrendatario, dejando al trabajador atado al contratista, una situación estructural que ahora cuenta con aval jurídico.
El periodo de prueba se eleva a 8 meses “en un sector caracterizado por alta rotación, informalidad y fuerte asimetría de poder, un período de prueba tan extenso funciona como un instrumento de precarización”, aseguraron desde el gremio.
Aunque muchas de estas situaciones pasan desde siempre y se han ido naturalizando. Encargados de chacras que trabajan de lunes a lunes en negro, sin el acceso a una jubiliación digna. Golondrinas que viven hacinados durante la temporada alta. Tractoristas y empaquetadores que sufren de tendinitis, reuma, artritis y problemas cervicales crónicos.
En cuanto al salario, el último acuerdo se fijó en $61.200 por día para la cosecha en Río Negro y Neuquén, alcanzando subas superiores al 31,6% para la región. Un encargado de chacra debe cobrar $1.774.368 al mes y un capataz $1.705.652. Así mismo, desde noviembre del 2025 la Prestación por Desempleo llevó los importes a $330.000 y un mínimo de $165.000.
Pero no siempre estas obligaciones son cumplidas por contratistas y dueños. O mejor, casi siempre son incumplidas.
Lo cierto es que ya es una costumbre que cada año surjan conflictos porque se adeudan salarios, que se terminan pagando en cómodas cuotas para las empresas, aún cuando la cosecha ya fue vendida.
También, en muchos casos son las y los trabajadores quienes deben hacerse cargo de sus propios elementos de seguridad.
No hay antiguedad que valga para las grandes empresas frutícolas, que no dudan en desprenderse de los mas lantiguos y leales si los números no cierran.
De hecho, abril fue un mes complicado para mas de 300 personas que trabajan en empaque, producción y tareas de chacra para Zetone, quienes vienen denunciando la falta de sus pagos y la exigencia de seguir trabajando aún sin cobrar.
Con este panorama, los gremios deberán gestionar las tensiones propias del nuevo régimen laboral, que se irán expresando en un plazo mediato, o seguir de cerca las resoluciones del Poder Judicial, para nada previsibles.
Los pequeños productores
La Federación de Productores de la Fruta de Río Negro y Neuquén nació en 1956. Un sujeto social y económico tradicional con una identidad arraigada en nuestros pueblos y en las propias historias familiares.
Setenta años después, aquella etapa gloriosa se recuerda en fotos y balances, porque todo cambio, el mundo, el país, la tecnología y el modelo productivo. Se sienten ahogados por las reglas de juego, por la incosistencia monetaria y poca rerntabilidad de la producción.
El gremio de los pequeños y medianos productores apoya en general la reforma laboral. La lógica recae en el interés supremo del sector: “reducir costos”. Ven el freno a los juicios laborales como un alivio,
Para su presidente, Sebastían Hernández, “la actividad se ha reconvertido, y sin embargo seguimos bajo esquemas normativos que no acompañan esa evolución” (fuente AgroValle).
Es verdad que la fruticultura representa una marcada estacionalidad y con mano de obra temporaria, y es verdad que las tareas de cosecha y empaque son de por sí largas y duras-
Emplean a mucha gente de la zona y del Norte Grande, en un sector que con niveles de informalidad por encima del 70% según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Igualmente hay que decir que están muy afectados por la crisis estructural. En todo esto el tipo de cambio y la inestabilidad monetaria tiene mucho que ver.
Los salarios, la energía y la logística interna se paga en pesos, mientras que los insumos, como agroquímicos y tecnología están dolarizados.
Si aumenta el dolar ganan las exportaciones de peras y manzanas. Por el contrario, si el dólar queda atrasado frente a la inflación, los costos suben más rápido que los ingresos.
Entonces, el aumento sostenido de costos, las dificultades de acceso al crédito, y eventos climáticos que dañan la producción generan una situación crítica, mucho mas para quienes no tienen escala.
De hecho, el primer beneficio al sector fue reciente, y se dio en el marco de la Ley de Modernización Laboral. Se trata de un alivio impositivo en el consumo de electricidad.
La producción bajo riego pagará una alícuota del 10,5% por el IVA de energía eléctrica, en lugar del 27% que regía hasta ahora. Esta reducción es un viejo reclamo que se vio con buenos ojos.
Medidas del gobierno, como la eliminación de retenciones a las economías regionales y el gesto que propone la reforma laboral para reducir lo que el lenguaje empresarial llama «costos laborales» son valoradas por la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.
Pero esto no implica un plegamiento hacia el Gobierno Nacional, mas bien son apoyos puntuales. El sector mantiene sus reclamos estructurales.
Los grandes empresarios
La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) es la cámara patronal más importante del sector. Nuclea a las grandes empresas exportadoras y agroindustriales y representa el eslabón final del mercado.
Además integra la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), entidad empresaria que apuesta por la reforma, “modernizar el sistema laboral, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad es clave para consolidar relaciones laborales más sostenibles” publicó en su cuenta oficial de X después del freno que tuvo la ley por algunas semanas.
La CAFI extiende espera con entusiasmo el nuevo acuerdo entre el Mercusur y la Unión Europea (UE), donde las frutas del Alto Valle accederán al mercado europeo con arancel cero inmediato, lo que se traduciría en contratos mas largos.
La UE representa la tercera economía mundial y tiene un fuerte mercado interno. Actualmente maneja un PBI de 19,5 billones de dólares anuales, solo por detrás de EEUU y China.
El presidente de CAFI, Nicolás Sánchez es el CEO de Patagonian Fruits Trade SA, que comercializa los exitosos jugos orgánicos “Pura Fruta”.
«venimos de años complejos que no fueron buenos, básicamente por la recesión de 2024 que repercutió aún en 2025, y también por el crecimiento del costo en dólares. Entonces, esas cosas solapadas, generaron una situación de pérdidas y de mal negocio» opinó Sánchez en una reciente entrevista con InfoCampo.
Reconoció que «el consumo está retraído en Argentina» y sostiene que el problema es la falta de oferta:
«acá la cuestión es que no hay fruta…de los años anteriores había quedado mucha fruta, y este año no especuló nadie, entonces se movió mucha mercadería. A su vez lo cosechado había tenido menor condición dados los calores muy fuertes y la condición de madurez, que no había sido tan buena en el momento de cosecha«.
La guita
La Mesa de Contractualización Frutícola define cada año los costos de referencia y precios estimativos de la fruta en la región. Participan las cámaras, representantes del poder ejecutuvo, legislativo y organismos técnicos como INTA y SENASA.
De la última reunión no participó la CAFI y tampoco CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines). Esto provocó el malestar de federación de productores, en una queja hacia el Estado según pudo saber este crónista de primera mano.
En la negociación se fijó un costo de producción promedio de 34 centavos de dólar por kilogramo para cada fruta, aplicado a un esquema de 40 toneladas de peras y manzanas cosechadas por hectárea.
Los precios internacionales rondan los 0,80 dólares por kilo, según el tipo de mercado y la calidad de la fruta. Con esos niveles de costos, una chacra tipo necesitaría alrededor de 13.600 dólares por hectárea para cubrir sus gastos.
En la última temporada, las exportaciones totales de Río Negro en pera y manzana cayeron un 31,5% respecto al año pasado, alcanzando los 670 millones de dólares, según datos oficiales. En el consumo interno también hay caídas.
Las pérdidas de producción por condiciones climáticas, los vaivenes en el tipo de cambio, la calidad de la fruta y el destino comercial influyen la variabilidad y las ganancias del sector.
Lo que sí perdura es una estructura de costos elevada. La producción primaria puede recibir entre el 25% y el 50% del valor exportado, mientras que la intermediación y la comercialización externa se quedan con el resto.
Los ingresos efectivos por hectárea pueden ubicarse en un rango que, en muchos casos, apenas cubre los costos e incluso puede resultar en saldo negativo para productores independientes.
La crisis
La tierra se fue concentrando en pocas manos y el sujeto social histórico de la economía regional, «el pequeño productor o chacarero» quedó relegado.
Según estadísticas del SENASA, de las familias que dejaron de productir entre 2009 y 2022, el 95% tenía menos de 30 hectáreas, y las chacras de hasta 10 hectareas se redujeron casi a la mitad.
Los más audeces diversifican la producción, pero gran parte opta por vender sus chacras para loteos privados de acceso exclusivo.
En los peores casos las chacras quedan abandonadas cedidas para la explotación de hidrocarburos en localidades como Allen, en la cuenca del Río Negro, y en Añelo y Vista Alegre, en la cuenca del río Neuquén.
El informe “Prospectiva frutícola del Alto Valle del río Negro al 2035” del El INTA Patagonia Norte proyecta un escenario crítico:
“El estado actual del sistema muestra la reducción de la actividad a la mitad en estos últimos 20 años (mitad de fruticultores, mitad de superficie implantada, menor cantidad de exportaciones; la mitad de los productores ya supera los 60 años de edad), orientando la línea base del escenario tendencial, haciendo obvia la respuesta a la pregunta ‘¿qué sería de la fruticultura si siguiera exactamente el mismo curso que hasta hoy?».
INTA
La baja rentabilidad para productores y las tensiones con los gigantes del negocio no son argumentos absolutos para promover el ajuste en los derechos laborales.
Poco le debe interesar al laburante las dificultades del sector, si las empresas tampoco ofrecen a cambio buenos salarios y condiciones prudentes.
La respuesta está en el modelo productivo que profundiza las asimetrías entre la pequeña producción y la exportación. Empresas como Zetone, Moño Azul, Global Fresh o Keple deberían enfrentar los costos laborales con mayor facilidad y responsabilidad.
Pero ya sabemos como se compartan y las facilidades de las que gozan, otorgadas por un Estado Bobo, que solo garantia negocios.
