Mientras el yacimiento Vaca Muerta bate récords de producción y atrae nuevas inversiones, en el oeste de la ciudad de Neuquén todavía permanecen enormes acumulaciones de residuos provenientes del fracking.
Durante años, Comarsa acumuló barros, lodos y otros desechos de la explotación hidrocarburífera. Hoy, una parte de ese material está siendo retirada y trasladada hacia Añelo, pero todavía quedan grandes montañas de residuos sin retirar. Mientras tanto, a pocos metros, avanza la urbanización del Distrito 6.
El caso Comarsa expone una de las caras menos visibles de la expansión de Vaca Muerta: qué sucede con los residuos cuando la actividad que los genera continúa creciendo, pero el territorio queda con el pasivo. Años de irregularidades registradas por organismos de control, sanciones que no lograron resolver el problema y una causa judicial que finalmente llegará a juicio por contaminación ponen en discusión quién controla, quién responde y quién se hace cargo de recuperar el territorio.
Desde 2009, la empresa Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.) acumuló en el Parque Industrial de Neuquén barros, lodos y otros residuos provenientes de la explotación hidrocarburífera. Para operar y expandirse, la firma llegó a ocupar ilegalmente unas 17 hectáreas de tierras públicas provinciales y municipales sin autorización previa.
Cuando la planta dejó de recibir nuevos residuos en 2018, había acumulado alrededor de 210.000 metros cúbicos de material, equivalentes a unas 300.000 toneladas. Para dimensionar ese volumen: equivale a llenar más de 80 piletas olímpicas. A eso se suman otros 31.000 metros cúbicos almacenados en biopilas (estructuras donde se acumulan y someten a tratamiento residuos contaminados con hidrocarburos) que no forman parte del actual plan de traslado.
Una parte de ese material está siendo trasladada hacia una planta de disposición final de Indarsa, en Añelo. El operativo comenzó en diciembre de 2024 y contempla retirar 210.000 metros cúbicos en un plazo de 24 meses. Hasta junio de 2026 se habían trasladado 105.000 metros cúbicos, aproximadamente la mitad del volumen previsto. Para concretar ese movimiento fueron necesarios alrededor de 7.500 viajes de camión.
Pero sacar los residuos del predio no significa necesariamente que la tierra ya esté limpia. Una vez retirado el material, la Provincia deberá evaluar en qué condiciones quedó el terreno y determinar qué acciones serán necesarias para completar su recuperación ambiental.
El problema suma una nueva complicación tras el hallazgo judicial de residuos petroleros debajo de la superficie. A 1,5 metros de profundidad se detectó material contaminado con bario, arsénico y plomo; la cantidad exacta sigue bajo determinación.
Cuando el Estado mira para otro lado
En 2021, el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario publicaron La basura del fracking en Vaca Muerta, una investigación que sistematizó 1.184 fojas de actas de inspección oficial obtenidas a partir de un pedido de información pública impulsado por el legislador Andrés Blanco. Toda esa documentación terminó incorporada a la causa judicial y sus autores fueron citados como testigos.
El material permitió reconstruir años de irregularidades: piletas instaladas sin autorización, problemas en el funcionamiento de los hornos, residuos depositados directamente sobre la tierra y diferencias importantes entre los volúmenes declarados por la empresa y los constatados por los inspectores. En enero de 2014, por ejemplo, Comarsa había declarado 5.000 metros cúbicos de residuos, mientras que los inspectores calcularon unos 34.000.
Trasladar no es remediar: es solo mover la basura
Para Fernando Cabrera, periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur, una de las principales conclusiones del trabajo fue que muchas de las irregularidades que podían observarse desde afuera ya habían sido registradas por los propios organismos de control:
“Lo que más nos llamó la atención no fue lo que no se sabía desde afuera, sino que el propio Estado lo sabía, tenía constatado y casi denunciado por los propios inspectores de Ambiente las cosas que desde afuera se veían que estaban mal”.
Entre las irregularidades, menciona la expansión de la planta sin autorización, los problemas de funcionamiento de los hornos y la presencia de un horno cuyo funcionamiento estaba prohibido. La investigación permitió además ordenar 14 denuncias y actas de infracción. Para el investigador, las multas más altas todavía estaban sin pagar cuando se hizo ese relevamiento. Ese antecedente tomó otra gravedad cuando el caso llegó a la Justicia penal.
La discusión sobre las responsabilidades tampoco se limita a la empresa que recibió los residuos. Según el integrante de OPSur, la Ley de Residuos Peligrosos alcanza también a las petroleras y a los organismos de control: “Las operadoras que entregaron los residuos a Comarsa tendrían que tener un grado de responsabilidad, y así también los funcionarios que permitieron que esto sucediera”.
Buena parte de los residuos acumulados en el predio provenía de Loma Campana, área operada por YPF y Chevron. De acuerdo con investigaciones del Observatorio Petrolero Sur, Comarsa llegó a cobrar al menos 40 millones de dólares de YPF por tareas de tratamiento que no se habrían realizado.
El dato abre una discusión sobre el grado de responsabilidad que podrían tener las empresas generadoras cuando continúan enviando residuos a una planta cuya capacidad de tratamiento estaba siendo cuestionada. Pero esa discusión no debe confundirse con el estado actual de la causa penal: el proceso judicial está centrado en los responsables de Comarsa.
Sobre la posición de YPF, el periodista señala que la empresa mostró los comprobantes que recibía de Comarsa como respaldo de que entendía que los residuos habían sido tratados. Al mismo tiempo, sostiene que los problemas de la planta eran conocidos mientras continuaban llegando residuos.
Trasladar no es remediar
La denuncia que dio origen a la causa penal fue presentada en 2020. En febrero de 2024, la Fiscalía de Delitos Ambientales formuló cargos contra Juan Manuel Luis, Héctor Basilotta y Federico Ponce, vinculados a la conducción de Comarsa, por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En octubre de ese año, Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente de Neuquén el traslado de los 210.000 metros cúbicos hacia una planta de disposición final de Indarsa, en Añelo. El convenio estableció un plazo de 24 meses y una meta de retiro de 17.500 metros cúbicos por bimestre. Los 31.000 metros cúbicos almacenados en biopilas quedaron fuera de ese plan.
Desde la Secretaría de Ambiente presentan el operativo como el paso previo a la recuperación del predio. La entonces titular del área, Leticia Esteves, reconoció en una nota al diario Río Negro que los controles fallaron, calificó a Comarsa como “un pasivo ambiental horrible” y explicó que, una vez retirado el material, la Provincia evaluará el estado del terreno para definir qué acciones realizar.
Cabrera, en cambio, advierte que el acuerdo está lejos de ser una solución integral, porque no implica ni el tratamiento ni la remediación del suelo. Es solo el traslado de basura.
Mientras Vaca Muerta crece, el pasivo ambiental queda en el territorio
El hallazgo de residuos enterrados durante el allanamiento vuelve más compleja esa discusión: “Metieron una retroexcavadora y pudieron constatar que bajo la superficie hay también basura petrolera enterrada que no está dimensionada”, cuenta el periodista.
El investigador agrega que, durante las audiencias, el propio dueño de Comarsa reconoció que no podía precisar cuánto tiempo demandaría sanear el predio porque desconocía la cantidad real de material enterrado.
A esa incertidumbre sobre el suelo se suma la incógnita sobre las aguas subterráneas. Las actas de la investigación de 2021 ya registraban la preocupación de los inspectores por los acopios realizados sobre tierra descubierta y el riesgo de filtraciones hacia las napas.
Cabrera señala que desde el Estado se le habían exigido estudios específicos a la empresa para medir el impacto en el subsuelo: “Se había solicitado ver la posible contaminación de las napas de agua. Es un proceso muy caro y el Estado pidió que lo hiciera Comarsa, cosa que nunca hizo”.
Hasta el momento, la información pública disponible no permite confirmar ni descartar la contaminación del agua subterránea.
La preocupación tampoco se limita al estado del ambiente. Según la acusación de la Fiscalía, los residuos acumulados en Comarsa contienen hidrocarburos y compuestos potencialmente tóxicos, entre ellos BTEX y otros hidrocarburos aromáticos, además de metales pesados como plomo, bario, arsénico y mercurio. La posible exposición de la población a estos contaminantes forma parte de la gravedad que la Justicia atribuyó al caso, especialmente por la cercanía del predio con zonas habitadas.
Un barrio entre los residuos tóxicos
Mientras todavía no hay certezas sobre el estado del suelo ni de las aguas subterráneas, la ciudad sigue avanzando alrededor del predio. A escasa distancia de Comarsa, el Municipio de Neuquén desarrolla la urbanización del Distrito 6, un proyecto de más de 400 lotes sociales con servicios.
Cabrera advierte sobre una proximidad que impacta directamente en el mapa urbano: “La última urbanización que está construyendo el Municipio queda separada del paredón sur de Comarsa por una calle; son cinco o seis metros que van a separar el paredón de las futuras casas”.
Esta localización también entra en tensión con el Decreto Provincial 2263/15, que establece una distancia mínima de ocho kilómetros de las zonas urbanizadas para este tipo de instalaciones.
En el marco del debate judicial, la Fiscalía remarcó además que una cooperativa solicitó pasar tendidos de servicios subterráneos por el área y el pedido debió ser desestimado: la falta de certezas sobre lo que permanece enterrado torna peligroso cualquier zanjeo o perforación en el sector donde se proyectan las nuevas viviendas.
Comarsa irá a juicio por contaminación
El martes 18 de agosto, la causa penal tuvo una definición clave: el juez de garantías Juan Manuel Kees confirmó que Juan Manuel Luis, Héctor Basilotta y Federico Ponce irán a juicio oral y público únicamente por el delito de contaminación peligrosa para la salud. Los tres serán juzgados por un tribunal colegiado integrado por tres jueces profesionales.
La Fiscalía de Delitos Ambientales y las querellas habían solicitado un jurado popular, pero Kees rechazó el pedido al considerar que ese mecanismo requiere delitos con penas superiores a 15 años de prisión, mientras que la escala penal para la contaminación ambiental prevé un máximo de 10 años.
La resolución también rechazó los pedidos de sobreseimiento por contaminación presentados por las defensas de dos de los exgerentes de Comarsa. Uno había argumentado que figuraba como suplente y el otro que no tenía responsabilidad directa sobre la gestión. El juez consideró que ambos tuvieron participación en la conducción de la empresa y que la responsabilidad individual deberá determinarse durante el juicio.
La acusación sostiene que las autoridades de Comarsa habrían permitido el acopio de grandes cantidades de material contaminante sin tratamiento, tanto dentro del predio de la empresa como en terrenos lindantes ocupados de forma ilegal. Según la hipótesis fiscal, también se habrían entregado certificados que indicaban que determinados suelos habían sido tratados cuando la descontaminación no se había realizado, lo que habría permitido continuar recibiendo residuos.
Tras años de reunir pruebas y tomar declaraciones, la causa entra en una de sus etapas más importantes. De cara al juicio oral, se supo que declararán 150 testigos y peritos (una cifra que creció respecto de los 90 previstos en un principio). El juez, en cambio, rechazó el pedido de la defensa para citar al exgobernador Omar Gutiérrez y a otros exfuncionarios, al considerar que sus testimonios no aportaban nada nuevo y solo apuntaban a hechos que ya eran públicos y conocidos.
El juicio no incluirá la acusación por administración fraudulenta. Durante las audiencias de control, Kees dictó el sobreseimiento de los acusados por ese delito bajo diferentes argumentos procesales. En uno de los casos, la propia Fiscalía retiró los cargos por falta de pruebas; respecto del accionista principal, poseedor del 98% de la firma, el juez entendió que no se configuraba el delito de defraudación hacia su propia empresa.
La probation continúa, además, por una vía paralela. Las defensas solicitaron la suspensión del juicio a prueba ofreciendo tres años de buena conducta, donaciones de equipamiento para el hospital regional y la continuidad del traslado de lodos hacia Añelo. El planteo se encuentra en revisión en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, cuyos vocales de la Sala Penal tienen plazo hasta el 5 de noviembre para pronunciarse. Mientras el TSJ analiza ese pedido, la causa por contaminación ya fue elevada a juicio oral.
¿Quién se hace cargo del costo ambiental?
El traslado de los residuos a Añelo no significa que el problema haya terminado. El pasivo ambiental continúa en el predio y todavía quedan interrogantes sobre el estado del suelo, las aguas subterráneas y los materiales enterrados.
El caso Comarsa deja así una pregunta que excede los límites del predio: ¿qué ocurre con los residuos que genera la actividad hidrocarburífera cuando dejan de generar ganancias? ¿Quién controla su tratamiento, quién responde por el daño y quién pone el dinero para recuperar el territorio?
Entrevista a Fernando Cabrera, periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur (agosto de 2026).
Fuentes
Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario. La basura del fracking en Vaca Muerta (2021).
Observatorio Petrolero Sur. Acusan a Comarsa por contaminación peligrosa para la salud pública y fraude (16/02/2024).
Observatorio Petrolero Sur. Acuerdo entre Comarsa e Indarsa: el trasfondo del traslado de la basura petrolera de Neuquén a Añelo (2025).
Diario Río Negro. Basurero de Comarsa: “Es un pasivo ambiental horrible y no debe volver a ocurrir”, dijo Leticia Esteves (05/03/2025).
