Historia de un juez: un relato sobre justicia, memoria y democracia.

Un libro que escribió Julián Axat sobre el ex juez Luis Federico Arias y a partir de esa trayectoria, la de todos los jueces de la Argentina. ¿Hasta dónde puede llegar un juez en la defensa de sus ideales?  y una pregunta actual sobre el rol de las mujeres y hombres del poder judicial. Editado por V.V. se encuentra en preventa y se presenta el 10 de diciembre próximo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reproducimos uno de los capítulos completos  “Distintas varas de una destitución”, el momento del libro en el que se cuenta cómo comienza a gestarse la destitución del juez Arias, y la comparación con otros casos paralelos que nunca fueron juzgados y que era verdaderamente graves. Cómo el poder premia a los malos jueces y se deshace de los probos.

Distintas varas de una destitución

—La trama que condujo a mi destitución estuvo atravesada por múltiples episodios y por la actuación persistente de diversos actores que, de manera explícita o implícita, parecieron distribuirse funciones diferenciadas. Por un lado, quienes operaron desde las sombras, en ámbitos menos visibles, promoviendo y articulando decisiones desde espacios de poder alejados de la exposición pública; por otro, quienes asumieron la tarea de conferir apariencia jurídica e institucional a una decisión cuyo desenlace parecía encontrarse definido de antemano. Desde mi perspectiva, el objetivo era concretar una remoción impulsada políticamente por el gobierno de Cambiemos procurando minimizar sus costos institucionales y evitar que apareciera como una represalia abierta vinculada al contenido de mis decisiones judiciales.

Observado a la distancia, el proceso contra Luis Arias presenta características difícilmente compatibles con los estándares de imparcialidad y objetividad que deberían regir un juicio político. Ya veremos que no sólo por la fragilidad de varias de las imputaciones formuladas en su contra, sino también porque se encontraban directamente relacionadas con criterios interpretativos, posiciones jurídicas y decisiones adoptadas en el ejercicio de la función jurisdiccional. En tal sentido, el proceso constituyó, en gran medida, una reacción frente a una determinada concepción del Derecho y al contenido de ciertas sentencias que afectaron intereses políticos, económicos e institucionales relevantes.

La situación adquiere una dimensión aún más llamativa si se considera que durante el mismo período, otros magistrados y funcionarios judiciales enfrentaban cuestionamientos de extrema gravedad vinculados a su desempeño o conducta funcional, sin que tales circunstancias produjeran consecuencias institucionales equivalentes. Esa asimetría en la activación de los mecanismos disciplinarios alimentó la percepción de que el sistema no actuaba con criterios uniformes, sino que seleccionaba estratégicamente a sus destinatarios, reproduciendo relaciones de poder y protección que excedían el plano estrictamente jurídico. 

Coco

Cuando Luis habla de aquellos que operaron en las sombras, el primer sujeto que aparece es un personaje algo menor, pero no por ello poco importante. 

A Ulises Giménez le dicen “Coco”, es un hombre más bien enjuto, usa lentes y el pelo engominado hacia atrás como si una vaca lo lamiera todas las mañanas antes de ingresar a los pasillos de la Legislatura bonaerense, allí donde revista como funcionario desde 2007, fecha de creación de su oficina dependiente del Senado y donde se ha enquistado como el abogado guardián de la Secretaría Permanente, puerta de apertura del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Hasta entonces, el Jurado de Enjuiciamiento funcionaba de manera más esporádica y con una estructura administrativa limitada, dependiendo de distintos organismos para su soporte.

A “Coco” le gusta cruzarse a la confitería París de calle 7 y 49 y rosquear con personajes de su misma naturaleza. No hay juez que no quiera conocerlo, no vaya a ser que algún día necesite de sus buenos oficios. Eso nunca se sabe… Por lo pronto, en manos de este sujeto kafkiano está la misión de dar impulso –o no– a una denuncia por mal desempeño. También está la posibilidad de archivarla. Pero hay gestos que cotizan más altos que otros. La política decide. Acaso “Coco” es tan sólo un buen gestor de los tiempos desde las sombras. A veces los acelera, a veces los deja en suspenso y deja a un juez a “baño maría” hasta que aclare. Su termómetro es operar con contactos entre el Ministerio de Justicia, la Procuración, la Suprema Corte y los colegios de abogados. 

El año 2017 fue un año cargado para “Coco”. Le tocaron cuatro casos polémicos que seguramente no lo dejaban dormir. Los dos primeros venían en tándem y eran de La Plata: el juez César Melazo y el fiscal Fernando Cartasegna, ambos acusados por ser parte de asociaciones ilícitas y graves hechos de corrupción. El tercero venía desde Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello, acusado de complicidad con crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. A estos se le agregaba Luis Federico Arias, juez contencioso de la Plata, por la interpretación del derecho en sus resoluciones.

La lógica diría que la gravedad de los hechos debería decantar, más o menos, en un destino proporcional en términos de gravedad de sus consecuencias. Pero no. En la lógica de enjuiciamientos de magistrados de la provincia de Buenos Aires las cosas funcionan al revés. 

Conte Grand

Los rumores políticos que circulaban en la época señalaban que el abogado Julio Conte Grand había sido invitado por Mauricio Macri para acompañar a María Eugenia Vidal en la gestión provincial. Al principio como su secretario de Legal y Técnica, pero muchos ya decían que el premio por aceptar dicha tarea era otro. La palabra “Procuración” estaba dando vueltas en el aire. Lo que no quedaba claro entonces era si se trataba de la Provincia o de la Nación. De todos modos, la propuesta resultaba tentadora para cualquiera. 

En ese encargo Macri también habría impuesto la misión de poner a raya a ciertos jueces, aquellos que pudieran poner palos en las ruedas a las políticas del nuevo gobierno. Según esas mismas malas lenguas, Luis Arias sería uno de los primeros de esa larga lista, y el diario Clarín —como ya vimos— se había encargado de dejarlo bien en claro. La cuestión era encontrar una forma decorosa para desplazar al juez. Y en esa tarea se embarcó a Julio Conte Grand.

Como dice Arias, en el proceso de su destitución hubo personajes que actuaron desde distintos planos, y desde la Secretaría Legal y Técnica en la Gobernación se incidió para que avanzara una denuncia en su contra. Más tarde, cuando Conte Grand desembarque en la Procuración, no hará más que recoger su propio impulso, y ponerse en el rol de público acusador. 

Los rumores de palacio de la época contaban por lo bajo que desde el poder político fueron estudiando el perfil del juez Arias. Buscaron en su trayectoria, su legajo, sus vínculos, etc. Pero no encontraron nada que pudiera ser usado en su contra. Los jueces suelen ser desplazados por escándalos, sobornos, maltratos, corruptelas, etc. Es extraño que sean echados por cómo piensan, o por asuntos de competencia. De allí que la compleja misión de Conte Grand (ya como Procurador), fuera la de encontrar algo, lo que sea. Después estaba la tarea de engrandecerlo, hacer creíbles las imputaciones.

En el fondo –y como sostiene Luis Arias– la tarea de este abogado porteño era montar un circo ante la opinión pública, generando la duda de que se trataba de un mal juez al que había que echar.

Melazo

Ya conté que la tradición y la costumbre enseñan que los jueces son destituidos por escándalos, sobornos, maltratos, corruptelas, etc. Pero la lógica no funciona siempre de ese modo. No en el caso de Luis Arias. Tampoco en el caso del juez Melazo.

César Ricardo Melazo nació el 9 de marzo de 1961. Paradojas del destino hicieron que el día de los santos inocentes de 1987 recibiera su título de abogado en la UCA (Universidad Católica Argentina). Años antes, durante la dictadura, entró a trabajar en el Departamento Judicial de San Isidro. Recién en 1989 lo nombraron prosecretario en la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata. En 1992 accedió al cargo de fiscal, que desempeñó durante tres años, para pasar a ser juez Criminal y Correccional. Con el cambio procesal de 1998, fue designado como de Juez de Garantías de La Plata.

En este trayecto, Melazo alguna vez fue un tipo prometedor. En esos primeros tiempos escribió un libro titulado La mordida en el que cuenta cómo se enfrentó a los capitalistas del juego y bandas políticas y policiales que se enriquecían a costa del erario público. Se nota que alguna vez fue lector de Mario Puzo, porque la cuestión del desbaratamiento de la “cossa nostra” italiana está en la vorágine de su relato y en la fascinación de esas telarañas en las que los códigos de la Omertá se cuecen en silencio. En su libro cuenta que terminó procesando a 250 personas gracias a que se movió con toda velocidad por la provincia de Buenos Aires, porque las pistas lo fueron llevando aquí y allá. Y así cayeron “pasadores”, policías, funcionarios, y todo un mundo vinculado al hampa del juego que le permitió al Estado recuperar cuantiosas sumas de dinero. Los poderes a los que se enfrentó este juez son oscuros e intrincados, pero él logrará que “muerdan”, porque también hay sectores políticos que lo acompañan en su loable tarea. Sobre ellos descansa. 

Repasando estos antecedentes, pareciera como si –al menos alguna vez– Cesar Melazo coincidiera con los compromisos de Luis Arias, pero algo ocurrió en su trayecto que lo hizo apartarse de la buena senda relatada en aquel libro que acabamos de rescatar del olvido. Porque quien mordió fue él, cooptado más tarde por el mismo sistema mafioso que entonces enfrentaba. 

Como paradojas del destino, Arias y Melazo se cruzaron en el desalojo de Gorina. Se trató de un enfrentamiento entre magistrados. Pero uno estaba del lado de los desalojadores y el otro de los desalojados. O, dicho de otro modo: uno del lado del poder y el otro del lado de los más humildes. El destino quiso que el año 2017 fuera el comienzo del cierre de sus carreras como jueces, para ambos por igual. En el caso de Arias, el proceso de su destitución estuvo basado en motivos ideológicos. En el caso de Melazo, en cambio, fue acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada a robar y liberar zonas; un entramado conformado por policías, barrabravas y funcionarios judiciales. En la operatoria, la acusación sostuvo que los delincuentes especialistas en “escruches” (como llaman a esta modalidad de robo) aguardaban a que les avisen cuando estaba de turno Melazo. Aparentemente, esas noches los patrulleros no patrullaban y las cámaras de seguridad no filmaban. Y el botín se repartía entre todos ellos, mientras el juez se llevaba una buena parte.

Para la justicia pronto surgieron negocios que ampliaron el radio de acción de la banda. Melazo, con el barrabrava de Estudiantes de La Plata, Rubén “Tucu” Herrera, se apropiaron de 5 discotecas donde se vendía droga. Las tomaban por las buenas o por las malas, disuadiendo a los dueños a malvenderlas, porque si no le iban a complicar la vida con las drogas o armándoles una causa. Por supuesto, los locales estaban a nombre de terceros. La sociedad se expandió y formaron J&R Automotores para la compra y venta de vehículos. Además, armaron una empresa para organizar viajes de egresados y entrar al negocio del turismo. 

En un momento, el juez estuvo tentado de dejar todo por una candidatura a diputado de la mano del excomisario represor Luis Abelardo Patti, implicado en el asesinato del periodista Ricardo Giménez, ocurrido en enero de 1976. La política lo encandilaba a Melazo, porque soñaba con ser ministro de Justicia y Seguridad. Pese a sus ideas flexibles, Melazo podía militar en cualquier partido que lo llevara al poder para manejar una enorme caja y ser el dueño de la vida de los ciudadanos bonaerenses. Por eso se vinculó con los sectores más corruptos de la Policía bonaerense, puntualmente con ex-integrantes de los departamentos de narcotráfico y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, con quienes no sólo realizaba negocios, sino que los encubría y hasta los acompañaba a los operativos.

La vida de Melazo se convirtió así en una fiesta perpetua y su fortuna crecía a la vista de todos. Los excesos eran su sello de identidad. Podía emitir la carcajada más sonora o entrar en furia en un instante cuando estaba pasado de bebidas o estimulantes. Tenía pasión por las armas y en su casa guardaba una verdadera colección. Además, se le daba por las extravagancias: todos los años concurría a cotos de la Patagonia a cazar jabalíes. Algunos funcionarios judiciales recuerdan una fiesta muy bizarra de cumpleaños que hizo en 2012 en su casona de Gorina. A la misma asistieron políticos y referentes del ámbito platense, el juez los recibió vestido con camisa hawaiana y con un guacamayo apoyado sobre sus hombros. Sólo le faltaba el antifaz de pirata, cuentan algunos. Como parte de esa estética, los comensales recuerdan que en el parque se exhibía un auténtico zoológico con distintas especies autóctonas, y que el magistrado se jactaba de haber conseguido en los lugares más insólitos. Al festejo concurrió el mismísimo gobernador Daniel Scioli, su jefe de gabinete, Alberto Pérez, sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Arlía, y abogados como Fernando Burlando.

Pero el poder de Melazo se acabó un día de 2017. Tan abrumadoras eran las pruebas presentadas en su contra que, ese mismo año, caerá en desgracia. Un allanamiento de la Policía Federal puso en evidencia su modo de vida obsceno ante la sociedad y el accionar de la banda a la que pertenecía. Desde ese momento nadie le atenderá el teléfono, ni siquiera tendrá incidencia en los medios, ni en la Policía, y menos en el ámbito judicial. 

Nunca será destituido. Frente al tenor de las acusaciones la estrategia del juez no será someterse al jury y demostrar así su inocencia. Prefirió renunciar a su cargo y después ver cómo discutir lo que se le reprochaba, si su poder residual no lo diluía en el tiempo. Claro que de esa manera lograba acceder de inmediato a una jubilación de privilegio por la cantidad de aportes y años cumplidos en la justicia. Entonces, “Coco” Giménez, el guardián del Jurado de Enjuiciamiento, no hará más que cerrar y archivar la denuncia en su contra. Y el Procurador Conte Grand no tendrá, así, a nadie que acusar.

Años más tarde, ya sin fueros, Melazo será sometido a un juicio oral y condenado a 7 años y medio de prisión por asociación ilícita y otros cargos; 2023 será el año que ingrese en la cárcel, y lo hará por un largo tiempo.

El infiltrado 

Los nombres falsos que usaba Fabián Fernández Garello como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (DIPPBA) se desconocen. Lo que sí se sabe es que, como parte de ese organismo, desarrolló acciones de espionaje político y gremial en la delegación San Martín, que incluyeron la infiltración en organismos de derechos humanos a partir de 1976. Para ese año ya revistaba como subinspector dedicado a fichar los elementos “subversivos”: detectar sus lugares de encuentro, sus espacios sociales, sus prácticas políticas y culturales. La justicia pudo comprobar su participación directa en acciones operativas de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista Argentino (PCA). Su legajo da cuenta de que durante 1981 se infiltró en reuniones de la Conferencia Episcopal Argentina y entre las Madres de Plaza de Mayo. 

Entrada la democracia, Fernández Garello dejó la Policía y se mudó a Mar del Plata. Tuvo un breve paso por las filas justicialistas cuando acompañó al entonces candidato a intendente Eduardo Pettigiani, encabezando la lista de concejales en 1995. Poco después de perder la elección, ambos amigos recalarán en la Justicia. Garello lo hará como fiscal jefe de la jurisdicción y Pettigiani como juez de la Corte bonaerense, presidiendo luego el Jurado que destituyó a Luis Arias.

Nunca contó a nadie que había revistado en las filas de inteligencia política en dictadura, ni que los procedimientos en los que actuaba implicaron la marcación de personas que todavía están desaparecidas. Sólo recién en 2017, gracias al trabajo de archivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), salió a la luz su prontuario y por eso fue denunciado por delitos de lesa humanidad ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, allí donde revistan “Coco” y sus secuaces. Los mismos se encargarán de darle a la cosa un temperamento que lo haga zafar.

Mientras la justicia federal se demoraba en citar a Garello a declarar y en dictar su procesamiento, desde el Jurado de Enjuiciamiento se apresuraron a archivar el caso. Por eso la Comisión por la Memoria volvió a la carga con nuevas denuncias cuando fue procesado recién en 2018, aunque nuevamente volvieron a ser archivados, lo mismo que los sumarios disciplinarios bajo la órbita del Procurador Conte Grand. Siempre con el simple argumento que ya habían tenido tratamiento el año anterior, por lo que implicaba hacer una doble valoración de los mismos hechos. 

El fiscal que quería ser héroe

Corría el año 2012 cuando el fiscal “estrella” de la capital bonaerense, Fernando Cartasegna, se movía como pez en el agua. Hacía gala de todo tipo de allanamientos y secuestros en antros y cabarets de la zona, vinculados al supuesto mundo de la trata de personas y el narcotráfico. Por ese trabajo, ese mismo año, el Consejo Deliberante local lo nombrará “personalidad destacada”. Lo que nadie sabía por entonces era que esos procedimientos estaban armados para la tribuna, y lo que el fiscal en realidad hacía era darle fachada de validez a los operativos de limpieza que la Policía llevaba a cabo en aquellos lugares que no aportaban a su caja; reductos de poca monta que se cortaban solos y les caían encima con toda espectacularidad.  

Es sabido que el territorio bonaerense tiene quien lo regule, y los que pretenden cortarse solos sufren sus consecuencias. Cartasegna era un fantoche al que le avisaban a qué hora y en qué lugar debía asistir para el montaje de la foto, delante de una casa allanada a la que se ponía un cartel de clausura y que decía “aquí hubo trata”. Pero con el tiempo estos personajes tienden a desgastarse y es necesario buscar piezas de recambio para que todo continúe igual. 

Para los años que siguieron, las desprolijidades en su fiscalía (la UFI N.º 4) comenzaron a ser demasiado groseras y, por tanto, evidentes; sus colegas percibían que por esa oficina pasaban todo tipo de cosas turbias. Entonces el rumor se extendió y el fiscal de estrella pasó a ser una mancha venenosa que cada día se agrandaba y a la que nadie se quería acercar. Una auditoria ordenada desde la Procuración a principios de 2017 encontró –entre muchas irregularidades y faltantes– que los expedientes que se abrían por las supuestas redes de trata y explotación sexual, en el fondo estaban vacíos. Es decir, eran causas iniciadas que estaban totalmente en blanco, sin ningún elemento o acto procesal que las sustentara, y que sólo eran utilizadas con el fin de extorsionar o apretar a distintas personas en función de operativos policiales armados. Entonces, Cartasegna fue acusado del delito de “falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de sus deberes”. 

Pocos días después de esta imputación, en un extraño episodio que salió en todos los diarios, el fiscal fue encontrado maniatado en su despacho, junto a unos carteles pegados a su lado donde decía que sería el próximo Alberto Nisman. Tras una profunda investigación, las pesquisas determinaron que los panfletos se confeccionaron en la computadora del propio Cartasegna y que fue él mismo quien realizó el autoatentado para victimizarse ante su precipitada caída en desgracia. Por eso, en la denuncia que ingresó ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, se agregaron estos delitos de falsa denuncia y falso testimonio agravado. 

El tratamiento para el fiscal que buscaba ser un héroe tampoco sería el propinado ese año para Luis Arias. “Coco” y los suyos seguramente intuían que las cosas se podían arreglar sin tener que llegar a mayores, pese a la gravedad de los reproches. La salida “elegante” para estos casos suele indicar que los operadores negocian por abajo, y la renuncia y la jubilación llegan antes que una destitución. Por lo tanto, el Procurador Conte Grand se ahorró el trabajo de la acusación del fiscal. Y así fue como Cartasegna accedió a una licencia psiquiátrica, que luego pasó a la aceptación de su renuncia y el jury quedó en el olvido.

Ya gozando de una abultada jubilación en el año 2022, un tribunal lo halló culpable de varios de los hechos aquí mencionados y se le impondrá una pena de 3 años en suspenso, bajo el arreglo de un juicio abreviado. 

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En una entrevista que un medio de prensa le hace en 2017 a “Coco” Giménez, se lee la siguiente frase: “Para Giménez, ‘no corresponde de ningún modo’ el argumento de una supuesta persecución que dijo públicamente Arias a periodistas”. Y agrega: “… De hecho, Giménez deslizó que habrá otras suspensiones de jueces, al revelar que ‘en diciembre comienza un receso, por lo cual estamos tratando de adelantar todos los jurys posibles antes del recambio legislativo, así que habrá nuevos casos’”.

“Coco” se está refiriendo a los casos de Cartasegna, Melazo y Fernández Garello. Los tres magistrados que, además de Arias, estaban en la picota a fines de 2017. El tiempo va a demostrar que se equivocaba y era poco prudente para vaticinar. Porque el único suspendido ese año será Arias, bajo cargos vinculados a su interpretación del derecho y a conflictos de competencia con otros jueces. El resto, acusados de hechos demasiado graves, por la gracia del espíritu santo quedarán fuera del radio de un jury.  

¿Quién denuncia a Luis Arias?

María del Carmen Falbo se quería jubilar desde hacía bastante. Fue Procuradora General de la provincia desde 2004 y no se llevaba bien con Luis Arias; sentía que era demasiado díscolo, pero, aun así, nunca lo enfrentaba. Sabía que venía de trabajar con Arslanián y Luis Lugones, personas a las que Falbo respetaba demasiado porque habían formado parte del duhaldismo inicial del que ella también provenía. Según cuentan las malas lenguas de pasillo de ese entonces, como por esos días necesitaba que le aceptaran su renuncia para acceder a su jubilación, Falbo mandó a confeccionar la denuncia contra el juez a medida de los insistentes pedidos que provenían del entorno de la gobernadora Vidal. Pero fue cauta, y decidió no estampar su firma; en ella aparece –en cambio– la del Subprocurador Juan Ángel de Oliveira, detalle no menor y que no debe ser leído como un error, olvido, desprolijidad o cambio de criterio. Si no, en todo caso, que Falbo antes de irse no quiso quedar pegada en algo que estaba demasiado flojo de papeles. 

Para entonces ya se rumoreaba en los pasillos judiciales y legislativos “la chanchada que le estaban cocinando al pobre Luis”. El escrito de la denuncia que ingresó a la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento tiene un sello de recepción con fecha 21/12/2016. A diferencia de los casos Melazo-Fernández Garello-Cartasegna, “Coco” le dará pleno impulso en sintonía con las señales que provenían del Poder Ejecutivo, coincidentes con las gestiones del abogado Julio Conte Grand, que para fines de diciembre de 2016 ya no revistaría más en el ámbito de la gobernación, sino haciéndose cargo del Ministerio Público en reemplazo de María del Carmen Falbo. 

Al sentarse en su nuevo despacho, el flamante Procurador encontrará presentada la denuncia que él mismo alentaba desde antes, y así podrá avanzar contra la figura del juez Luis Arias. 

—En la extensa acumulación de expedientes que acompañó aquella denuncia «ómnibus» suscripta por De Oliveira —y que luego fue utilizada por Conte Grand como fundamento de la acusación promovida en mi contra— se construyeron veintiún cargos disciplinarios. Para ello se recurrió a una recopilación de sumarios administrativos que la propia Suprema Corte había impulsado a lo largo de los años, muchos de ellos en un evidente contexto de hostigamiento institucional, pero que nunca habían prosperado ni concluido con sanciones de entidad. Resulta significativo que ni siquiera la Suprema Corte, que había promovido esos antecedentes, considerara procedente transformarlos en una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento cuando se le confirió traslado desde la Secretaría Permanente. Eran los sumarios administrativos que se instruyeron como consecuencia de la mala relación que existía con la Corte, originada por la implementación del fuero contencioso. 

—¿Esos sumarios eran el motivo de la acción declarativa que promovieron con Agustín Gordillo ante la Corte Nacional?

—Y en donde la Corte nunca se expidió. Esos sumarios eran extraordinariamente antiguos, algunos con más de una década de tramitación, e incluso ciertos hechos ya habían sido examinados en procedimientos anteriores, incluyendo un jury previo en el que no se determinó responsabilidad alguna. La reutilización de tales antecedentes para sustentar una nueva acusación planteaba serios interrogantes respecto del principio que prohíbe someter a una persona a un nuevo juzgamiento por hechos previamente examinados y resueltos.

—La acumulación de esos antecedentes parece haber respondido a la necesidad de construir artificialmente una causal de mal desempeño.

—Es que allí donde no existían conductas capaces de justificar una medida tan extrema como la destitución, había que ponerse a buscar y ser creativos. En el fondo eran bastante burdos, pero lograron convencer a parte del sistema político de que había que apartarme. Lo que verdaderamente se encontraba en discusión no era mi desempeño funcional, sino mi concepción del derecho, el contenido de mis decisiones judiciales y el ejercicio independiente de la magistratura. En ese sentido, el proceso pareció confirmar lo que el diario Clarín ya había anticipado años antes: mi permanencia en el Poder Judicial se había convertido en un problema para determinados sectores de poder. En otras palabras, era un juez incómodo.

—¿Y no te hicieron llegar algún mensaje para que te fueras antes de atravesar todo lo que finalmente ocurrió, como sucedió con Cartasegna o Melazo?

—Sí, a través de distintos intermediarios me hicieron llegar algunas sugerencias en ese sentido. Sin embargo, jamás imaginé que llegarían al extremo de forzar una destitución. Yo estaba profundamente convencido de cada una de las decisiones que había adoptado desde el día en que asumí como juez. Siempre actué conforme a mis convicciones y dentro del marco de la ley. Mi compromiso estuvo guiado por la protección de los sectores más vulnerables, por los valores del Derecho y por los principios del orden constitucional que había jurado respetar y hacer respetar.

No sentía que tuviera nada que ocultar ni nada de qué avergonzarme. Mi patrimonio era público y transparente; vivía entonces, como vivo ahora, modestamente de mi trabajo y de mi salario. Por eso decidí defenderme hasta las últimas consecuencias. Sabía que enfrentaba a actores con recursos, influencias y capacidades de poder muy superiores a las mías, pero también sabía que renunciar hubiera significado abdicar de aquello que había orientado toda mi trayectoria judicial. Y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer.

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o directamente por mercado libre: Julián Axat. Historia de un juez. Un relato sobre justicia, memoria y democracia.