Motosierra afilada: qué implica la reforma al INTA que pone en riesgo su autonomía y presencia territorial

El plan «motosierra» de Javier Milei avanza sin escrúpulos, enarbolando la bandera de la reducción estatal y del gasto público. Mediante el Boletín Oficial N° 35.702, el Gobierno Nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, que afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Según explican desde el Gobierno, esta determinación se tomó en pos de que se detectó «un incremento desproporcionado» de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Además, aseguran que se identificaron «irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones».

De esta manera, las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso. Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.

Esta readecuación implica una arremetida contra la autonomía y la capacidad técnica y científica de los organismos. No es una novedad que una de los principales estrategias que aplica el gobierno para llevar a cabo el desguace del Estado es el ataque sistemático a la ciencia y a los sectores tecnológicos. Ahora, mediante el decreto 462/2025, el gobierno dispuso la disolución y transformación de varios organismos destinados al desarrollo científico. Entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasará a ser un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Esta decisión pone en riesgo la autonomía del organismo, su capacidad técnica para generar proyectos estratégicos destinados a fomentar la soberanía alimentaria y el desarrollo de economías regionales, además de comprometer su presencia territorial, que permite acompañar procesos de innovación y generar conocimiento adaptado a cada región.

Pérdida de autonomía y retroceso en su historia

El INTA se creó en 1956 y, desde entonces, se consolidó como un organismo técnico autónomo, con capacidad para definir políticas científicas y tecnológicas al servicio del desarrollo rural y agroindustrial del país. Mediante un comunicado, desde el organismo aseveran que «la actual decisión de quitarle su autarquía implica un grave retroceso institucional, debilitando su independencia para investigar, transferir tecnología y vincularse con los territorios y los productores«.

Riesgo para su rol estratégico en el territorio

Otro de los puntos que pone en riesgo esta decisión del Gobierno es el rol territorial que tiene el organismo. El decreto sostiene que la descentralización generó un «sobredimensionamiento». Sin embargo, «el gobierno omite reconocer que esa red territorial es precisamente la que permite al INTA llegar a miles de productores en todo el país, acompañar procesos de innovación, y generar conocimiento adaptado a cada región», detallaron.

Con esta reforma, se pone en juego la continuidad de numerosas Estaciones Experimentales, Agencias de Extensión Rural, y centros de investigación, afectando el trabajo directo con el sector productivo.

Un recorte encubierto en ciencia y tecnología

El ente agropecuario sostiene que esta decisión es un «recorte encubierto» del Gobierno Nacional, que busca entorpecer la vida democrática del organismo, fundamental para su normal funcionamiento soberano y autónomo. Así, la eliminación de los Consejos Asesores locales, regionales y nacionales, «que garantizaban la participación democrática de los actores del sistema agropecuario», asegura el comunicado, «significa una pérdida de pluralidad y transparencia».

Además, esta reducción de estructuras y el señalamiento de supuestos «excesos» jerárquicos «parecen justificar un ajuste sobre personal técnico y profesional» lo que pone en riesgo «proyectos estratégicos para la soberanía alimentaria, el desarrollo de economías regionales y la adaptación al cambio climático», expresa.

El Gobierno justifica esta decisión de ajuste mediante un informe de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) , el Auditor Interno del Presidente de la Nación, realizado durante el año 2023, donde se señalan «deficiencias administrativas». Sin embargo, desde el INTA afirman que sus propios trabajadores y equipos «han advertido que estas observaciones no comprometen la calidad técnica del organismo, y que los problemas señalados son corregibles sin necesidad de desarticular su estructura histórica».

«Desde múltiples sectores técnicos, científicos y productivos se alerta que esta reforma no moderniza al INTA: lo debilita. Y con él, se debilita también el desarrollo federal, sustentable y soberano del país», concluyen, lo que echa a las claras la intención de la política de Milei de debilitar las capacidades del Estado en ciencia y tecnología, dejando en manos del mercado decisiones estratégicas para el desarrollo productivo.

Organismos disueltos y su destino

Organismos transformados y fusionados

Fuente agencia Noticias Argentinas