El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» plantea reformar leyes claves para el resguardo de la soberanía territorial.
La iniciativa que es respaldada por el sector inmobiliario, terratenientes y dueños de grandes grupos económicos, podría abrir una nueva etapa de mayor concentración de tierras en manos extranjeras.
Pero además, las reformas apuntan a modificar otras leyes que regulan derechos sociales básicos, como el acceso a la vivienda de los sectores populares, entre otras reformas. Hacemos un repaso de cada una.
Ley 21.499 de Expropiaciones
La ley en cuestión permite al Estado expropiar un terreno, una empresa, o un inmueble bajo el principio de utilidad pública, bajo el concepto de prevalecer por sobre el interés privado cuando se busca el bien común.
Es una ley de 1977, promulgada y firmada por el genocida Jorge Rafael Videla, pero que sin embargo fue utilizada por varios gobiernos democráticos desde el 83´.
Pero además el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que «la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada». Es decir, el Estado no puede expropiar sin ley previa y sancionada en el Congreso.
El ejemplo más conocido y cercano es la Ley de Soberanía Hidrocarburífera del 2012, que sirvió para expropiar el 51% del patrimonio de YPF, que entonces estaba en manos de la empresa española Repsol.
Otro ejemplo es la Ley Nacional de Barrios Populares (Ley 27.453), sancionada en el año 2018 y ampliada en el 2022, que incluye y declara de utilidad pública la expropiación de las tierras para la construcción e integración socio urbana de barrios populares.
El Gobierno Nacional busca reformar la Ley 21.499 para debilitar la herramienta que ha sido utilizada por el Estado para expropiar. En materia económica esta reforma busca que la indemnización por la expropiación se calcule a valor de mercado.
También incorpora el pago del lucro cesante (lo que el privado dejaría de ganar en el futuro, con un tope inicial del 30%), algo que nunca contempló la ley vigente. Así el costo de cualquier expropiación para las arcas públicas sería altísimo.
Con esta reforma buscan darle señales de “seguridad jurídica” a inversores extranjeros y dañar una herramienta que ha sido utilizada por el Estado para tomar decisiones estratégicas.
Ley 26.737 de Tierras Rurales
La madre de las batallas, sin duda, o la frutilla del postre para Federico Sturzenegger, quien craneó este proyecto como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011 fijó límites a la adquisición de tierras por personas físicas y jurídicas extranjeras, con el objetivo de preservar el control nacional sobre bienes comunes, como el agua, los bosques, las zonas de frontera y grandes extensiones productivas.
Esta ley establece límites claros a la propiedad extranjera de tierras rurales, entre los cuales se encuentran:
- máximo del 15% del territorio rural nacional, provincial y municipal;
- límites del 30% de las tierras adquiridas para personas de una misma nacionalidad extranjera;
- prohibición de un máximo de 1000 hectáreas en zona productiva o núcleo;
- restricciones sobre zonas con acceso a cuerpos de agua.
Estos límites cuantitativos son los que el Ejecutivo pretende derogar o desmantelar casi por completo.
Además la ley vigente creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el cual buscan disolver.
De acuerdo con datos del Observatorio de Extranjerización de la Tierra, 30 departamentos en el país superan el límite del 15% de extranjerización permitido por la ley que quieren derogar.
Hoy, sin embargo, 49 departamentos y partidos ya superan el límite del 15% de tierras extranjerizadas previsto por la ley. En total son 15,8 millones de hectáreas en manos de extranjeros con mucha guita.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, en muchos casos, las tierras rurales están habitadas por comunidades indígenas y familias campesinas dedicadas a la producción de alimentos. Sectores que ya conviven con la presión inmobiliaria y extractiva sobre sus tierras y enfrentan graves situaciones de violencia institucional.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta ley “aumenta los riesgos de que sean desalojadas de sus territorios. Estas modificaciones, además, van a elevar el valor del arrendamiento de tierras para la agricultura familiar, responsable del 64% de las explotaciones agropecuarias y de abastecer el 60% de los alimentos que llegan a los hogares”.
A tono con los intereses de grandes inversores extranjeros que piden menos barreras jurídicas para adquirir tierras rurales, el Gobierno Nacional parece dibujar un nuevo mapa territorial.
De aprobarse el proyecto este mapa podría verse como un gran mosaico de propiedades extranjeras, en provincias donde gran parte del poder político resguarda y convive con intereses como les del magnate brintánico Joe Lewis en Río Negro.
Ley 27.453 de Barrios Populares
El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» propone una regresión normativa para las necesidades habitacionales de las grandes mayorías. El capítulo III plantea modificaciones que afectan directamente el régimen actual de integración socio urbana al alentar desalojos y habilitar la venta de los terrenos donde están emplazados los barrios populares, entre otros cambios.
La Ley 27.453 de Barrios Populares fue sancionada en el 2018 y tuvo altos niveles de consenso en el Congreso Nacional, además de una fuerte participación social garantizada por la Mesa Nacional de Barrios Popular, que presionó en las calles para su aprobación.
La transformación iniciada por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), organismo encargado de gestionar y ejecutar las obras de urbanización en los barrios impulsó a que la ley fuera ratificada y ampliada en sus alcances en el 2022.
La creación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), mediante el Impuesto a las Grandes Fortúnas le concedió el suficiente respaldo financiero para avanzar en la urbanización de villas y asentamientos de todo el país.
En la actualidad existen 6.467 barrios populares registrados oficialmente por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde viven cerca de 5 millones de vecinos. Además hay otros cientos de barrios mapeados por el RENABAP, pero sin reconocimiento oficial.
La actual ley entonces reconoce como titulares de derecho a más de 5 millones de argentinos, prohíbe desalojos por 10 años y otorga protección legal a las familias mediante la entrega del Certificado de Vivienda Familiar, documento reconocido legalmente.
Si bien la SISU fue desmantelada primero y luego disuelta en febrero del 2026, el RENABAP y la entrega de los certificados aún continúan. Al ser una ley del Congreso, el Poder Ejecutivo no puede borrar el registro por decreto, para ello necesita una nueva ley que la derogue completamente.
Con estos cambios previstos por la autodenominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», peligra uno de los grandes aciertos de la política social de los últimos años.
El Senado de la Nación cuenta con 72 legisladores. El oficialismo requiere 37 votos a favor para avanzar con la ley. La sesión pasó a cuarto intermedio para el jueves 6 de agosto, día que en se dará tratamiento final.
Ley 27.064 de Manejo del Fuego
La reforma de Milei se orienta a revertir el objetivo de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego, sancionada en diciembre de 2020. La misma expresa que, ante incendios forestales, provocados o accidentales, en bosques, áreas protegidas o humedales, queda prohibido por 60 años realizar modificaciones en el uso del suelo, dividir, subdividir o vender las tierras.
Los principales cambios que busca el Ejecutivo, y vaya a saber uno cuántos negocios en las provincias, se aplicarían a la:
- Reducción del Alcance de Protección: buscan limitar las restricciones de uso de suelo post-incendio únicamente a bosques nativos (Ley 26.331) y bosques no productivos.
- Derogación de Prohibiciones Amplias: proponen la derogación de los artículos que prohíben la división, loteo, venta o cambio de destino de humedales, pastizales, estepas o áreas agropecuarias incendiadas.
Al permitir estos cambios de uso de suelo en tierras que no sean estrictamente bosques, los incendios con fines especulativos, sea para el desarrollo inmobiliario o para la expansión de la frontera agropecuaria pueden crecer aún más.
Durante la temporada 2025-26 se quemaron más de 60.000 hectáreas de bosques nativos patagónicos, convirtiéndose la peor crisis ígnea registrada en la región.
La abogada Silvia Kloster, especialista en Derecho Ambiental y Cambio Climático es clara al respecto:
“La principal amenaza es la fragmentación de la política de protección ambiental, la soberanía territorial y la seguridad nacional, sumado nuevamente al incumplimiento del principio internacional de “no regresión ambiental” al que la administración libertaria claramente se ha propuesto no respetar”.
No podemos olvidar las vidas humanas y la biodiversidad que se pierde en los incendios. Muchas familias se quedan en la lona, y el ajuste de los presupuestos y normativas ambientales empeoran las cosas. En estos casos, pareciera que no hay propiedad privada para defender.
Reforma del Código Civil y Comercial
Aquí entran las y los inquilinas, presos de la crisis habitacional y la falta de oportunidades para acceder a una vivienda propia. Ahora, con la reforma del Código Cívil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), que también busca implementar el Gobierno Nacional con esta mega ley, las condiciones de inquilinato quedan a favor de las inmobiliarias.
Un estudio del CELS al respecto sostiene que: “respecto del contrato de alquiler en sí, entre dueño de una vivienda el inquilino, la reforma del Código Civil y Comercial reduce el plazo de intimación en favor del dueño ante el retraso en el pago. De acuerdo con esta propuesta regulatoria, una vez que se cumpla el plazo de 3 días, el dueño puede considerar la rescisión del contrato e iniciar la acción de desalojo del inmueble”.
Básicamente las instancias obligatorias de diálogo, mediación o soluciones alternativas para evitar desalojos en los alquileres quedan reducidas a muy pocos días.
El déficit habitacional se incluye en el top de los grandes problemas sociales. Según datos del INDEC (2025), siete de cada diez inquilinos derivan el 50% de los ingresos familiares a pagar el alquiler. Aquí los jóvenes son los más afectados, cerca de un 40% vive con sus padres por no poder pagar un alquiler.
La Encuesta Nacional Inquilina, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional en junio de este año nos trae cifras alarmantes. Los relevamientos realizados sobre 808 hogares de 16 provincias arrojaron que faltan unas 3.2 millones de viviendas en el país para cubrir la demanda de 8 a 9 millones de personas que dependen de los alquileres para tener un techo.
Así mismo cada vez hay menos propietarios. En los grandes centros urbanos, como CABA, solo el 62% de la población nacional tiene casa propia (datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del 2022), el resto alquila o está en situación de calle.
Habilitar desalojos exprés, en un mercado de alquileres con grandes rentabilidades, es literalmente echar más nafta a un fuego que quema lento y desde abajo.
Un mismo fin
La modificación de la Ley de Glaciares y la aprobación del SUPER RIGI caminan por el mismo carril de éste proyecto que se debate el 6 de agosto en el Senado de la Nación. Todos ofrecen concesiones a los grandes poderes inmobiliarios o extractivistas, donde los más beneficiados son los inversores extranjeros.
La creación de cuerpos policiales, como la Unidad de Seguridad Productiva, o la inteligencia dirigida organizaciones sindicales, ambientales y pueblos indígenas es una muestra cruda del avance reaccionario para custodiar tales transformaciones.
La lectura del contexto debe superar cualquier análisis coyuntural sobre temas macroeconómicos. Se instala así un debate largamente postergado sobre la capacidad del Estado y su rol de control público del territorio nacional.
Hay quienes piensan que estamos ante una estrategía coordinada para condicionar cualquier intento de restauración democrática en el 2027.
El presidente y sus funcionarios no están solos en ésto, hay una clase dirigente que acompaña. En el plano internacional es todavía más claro, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, Israel y los grandes magnates tecnocráticos empujan desde sus lugares de poder para que así sea.
La desintegración o balcanización de la Argentina puede leerse en este sentido, y por estas horas debería ser la discusión central para pensar este proceso político y actuar en consecuencia.
Queda poco tiempo, hay que organizar una gran movilización popular que funcione como olla de presión hacia las y los senadores, el Gobierno Nacional y las dirigencias provinciales. Debemos evitar el intento de convertir a la Argentina en un Estado fallido, un país invivible para su gente, y un paraíso de acumulación para las elites globales y los mismos oligarcas de siempre.
Fuentes:
- Centro de Estudios Legales y Sociales: https://www.cels.org.ar/web/2026/07/a-quien-beneficia-el-proyecto-de-inviolabilidad-de-la-propiedad-privada/
- https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2026/05/Ley-de-Inviolabilidad-de-la-propiedad-privada-El-retiro-definitivo-del-Estado-en-el-cumplimiento-del-derecho-a-la-vivienda-1.pdf
- Ambito Financiero: https://www.ambito.com/politica/inviolabilidad-la-propiedad-privada-el-gobierno-ya-tiene-el-texto-reformar-la-ley-tierras-y-manejo-del-fuego-n6297696
- Argentina Forestal: https://www.argentinaforestal.com/2026/07/23/algunas-consideraciones-al-proyecto-de-ley-de-inviolabilidad-de-la-propiedad-privada/
- Huella del Sur: https://huelladelsur.ar/2025/08/03/deficit-habitacional-en-argentina-radiografia-de-una-crisis/
- Pulso News: https://www.pulsonews.com.ar/casi-uno-de-cada-tres-hogares-inquilinos-en-argentina-esta-en-emergencia-habitacional-segun-un-relevamiento-nacional/
